A lo lejos, la fila de 72 enormes torres de 14 metros de altura parecieran ser parte de una ciudad fantasma dentro de la delegación Azcapotzalco, pero no es así.

Se trata de un plan de condominios que tiene prácticamente todo: vialidades, áreas comunes, viviendas, pasillos, hasta un nombre: Unidad Habitacional Ceylán. Lo único que le falta son los inquilinos.

En 2004, con un financiamiento de 22 millones de pesos del Infonavit, el Sindicato de Ferrocarrileros edificó –en el predio de Ceylán 850, colonia Ferrería– 750 viviendas sin apegarse a ninguna ley: no se tramitaron licencias ni permisos de construcción, violaron el uso de suelo y las levantaron cerca de un depósito de amoniaco y de un puente vehicular, por lo que la delegación Azcapotzalco negó el permiso de habitabilidad y clausuró la obra ya terminada.

Hoy sus andadores son ocupados por arbustos y maleza y yerbas que han ido trepando en algunas partes de los edificios. A la par, los intentos por invadir la unidad habitacional han sido continuos, pero también infructuosos, pues las autoridades delegacionales han desalojado a los ocupantes ilegales, mientras que en las instancias judiciales se ventilan ya demandas por personas que alega haber sido defraudadas con esas casas.

De acuerdo con autoridades de Azcapotzalco, el predio en el que se asienta la unidad habitacional fue desincorporado del patrimonio del gobierno federal en favor del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) para construir viviendas.

Según la información, el sindicato nunca pagó el precio del terreno fijado en el decreto de desincorporación, por lo que en enero de 2005 se anuló el documento y regresó a control del Infonavit, aunque para ese entonces algunos beneficiarios ya habían realizado aportaciones de hasta 50 mil pesos por su futura casa.

Además, la empresa encargada de la construcción nunca tramitó las licencias y permisos para ejecutar la obra, por lo que al hacer una verificación en materia de construcción por parte de la delegación se determinó la suspensión de actividades.

En entrevista, el jefe delegacional de la demarcación, Enrique Vargas, detalló que esas casas “se construyeron a instancias del líder de ese sindicato, Víctor Flores, en acuerdo con las entonces autoridades del Infonavit.

“Cuando terminaron la obra –dijo– pretendieron empezar a entregar las viviendas, pero la decisión que se tomó fue clausurarles, porque estaba todo irregular. Incluso, hubo quejas de que esa unidad estaba a 200 metros de donde hay un depósito de amoniaco.”

Hoy en día, el gobierno federal tiene en sus manos el inmueble y la vigilancia; no se ha regularizado ningún expediente, y enfrenta, además, el problema de que –según un estudio de mecánica de suelo– ese predio, si se habita, puede hundirse, por lo que no autorizaremos nada, concluyó Enrique Vargas.