Desde cartas masivas a diputados federales y locales para exigirles que aprueben la reforma al artículo 17 constitucional a fin de que se legalicen las acciones colectivas y modifiquen la ley de telecomunicaciones, hasta boicoteos en todo el país contra las televisoras, bancos y empresas de alimentos industrializados que dominan en el país, se acordaron durante la primera Convención Nacional de Consumidores, a la que asistieron este sábado decenas de personas de 22 estados del país, a título individual o como representantes de organismos civiles.

Inédita en su género y bajo el lema una convención contra los monopolios, a la reunión de consumidores acudieron también padres y madres de los niños que murieron o resultaron heridos en el incendio de la guardería ABC, en Sonora –constituidos ahora como Movimiento 5 de Julio– para exhortar a los asistentes a pugnar por la aprobación de las acciones colectivas.

Ya no más Juárez y Atenco

Es momento de ejercer nuestro mayor derecho, el ser escuchados y ser tratados con dignidad, porque no somos dignos ya. Esto que nos hicieron, que hicieron en Juárez, en Atenco y a los mineros no se debe pasar por alto. Hay que usar mecanismos como éstos, como las acciones colectivas, que nos llevan por la vía pacífica para cambios de fondo, planteó Manuel Rodríguez, padre de uno de los niños fallecidos, en una de las tres mesas de trabajo de la convención.

El caso de la guardería ABC confirma que las acciones preventivas deben ser aprobadas sin dilación porque los consumidores o los ciudadanos pueden recurrir a ellas de manera preventiva, aseveró Antonio Gershenson, presidente de la asociación civil Al Consumir y quien llegó a asesorar a los padres afectados.

Al exponer el proceso que han seguido los padres y madres de los pequeños que fallecieron para tratar de acceder a la justicia, a todo mundo le quedó claro de manera muy concreta la importancia de las acciones colectivas, para qué pueden servir y por qué es necesario impulsarlas, aunque parezca un tema jurídico muy especializado, indicó Dolores Rojas, coordinadora de campañas de Oxfam México.

Decenas de consumidores de diversos sectores –desde campesinos hasta universitarios– abarrotaron durante la mañana el auditorio y patio central del edificio virreinal que aloja a la Sociedad Mexicana de Geografía, ubicado frente al Antiguo Colegio de San Ildefonso, aunque luego se distribuyeron en las tres mesas de trabajo que se instalaron sobre monopolios, acciones colectivas y medios de comunicación.

Ante la cobardía e ineficiencia de partidos políticos y legisladores que no han hecho nada para frenar los abusos de las grandes empresas que operan en el país, con la convención se pretende dar fuerza a un gran movimiento de consumidores que al exigir sus derechos propicien cambios en el desarrollo económico y político, indicó Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón, una de las organizaciones convocantes al encuentro.

El primer acuerdo que se alcanzó ayer fue pugnar por que los legisladores federales y locales aprueben el cambio al artículo 17 constitucional, para lo cual se constituirán comités estatales de consumidores y se enviarán cartas a diputados de la comisión de puntos constitucionales del Congreso de la Unión pero también a los diputados locales de 17 estados, ya que por tratarse de un cambio a la Carta Magna requiere la aprobación de más de 50 por ciento de los estados de la Federación .

También se buscará que se refuercen las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia (CFC), pero al mismo tiempo se crearán grupos de ciudadanos que vigilarán la actuación de los organismos reguladores, particularmente las comisiones Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Reguladora de Energía, entre otras, pues en el foro se acusó que en sus respectivos ámbitos favorecen a las empresas en perjuicio de los consumidores.

Otro de los puntos propuestos y aprobados por los asistentes fue luchar por la apertura de nuevos canales de televisión, exigir la prohibición de la comida chatarra en las escuelas y demandar la creación de un ombudman para la televisión.

Al inaugurar la convención, Carlos Zarco, de la organización Oxfam, fustigó que se mantengan congeladas iniciativas de ley destinadas a combatir que el poder económico se adueñe de la vida pública y dañado los derechos constitucionales.

La vida diaria de un mexicano es transferir todo el tiempo parte de sus ingresos a empresas que nos venden productos o nos brindan servicios con calidades que no son las mejores y a precios mucho más altos que en otros países, señaló a su vez Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión de Competencia Económica (CFC). Citó a las grandes empresas, que dominan desde la producción y venta de tortilla hasta el sector de las telecomunicaciones, al grado de que pagan precios por arriba de 40 por ciento, dijo.

Insistió en que se requiere reforzar la Ley Federal de Competencia a fin de que la CFC pueda disuadir a las empresas de cometer actos abusivos con multas más elevadas o con sanciones de cárcel. Aplaudió la celebración de este acto, al considerar que resultará el mejor instrumento para defender los intereses de los ciudadanos ante los poderes fácticos y pugnar por la competencia en todos los ámbitos económicos y políticos, pues dijo que únicamente debe existir el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado contra la delincuencia organizada.