Los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, y de Michoacán, Leonel Godoy, exhortaron al Ejecutivo federal a reforzar sus acciones en contra del lavado de dinero para minar el soporte económico con el que operan los cárteles de la droga en México. Quisiéramos ver más activo al gobierno federal, que nuestro sistema financiero mexicano cierre filas en torno a este fenómeno, advirtió Medina.

Godoy subrayó que el objetivo es avanzar en la puesta en marcha de la reforma constitucional en materia de justicia penal, para lo cual se requerirán cambios en las legislaciones locales. Dijo que se necesita la homogeneización en diversos aspectos, para que comience a operar plenamente en todo el país y citó el caso de la ley de extinción de dominio.

Urgen más recursos

Los mandatarios fueron claros en reconocer que esto implicará, necesariamente, destinar mayores recursos para operar. Subrayaron la necesidad de deslindar plenamente las competencias de los tres niveles de gobierno, destacando que el combate al crimen organizado es responsabilidad del Ejecutivo federal.

Los gobiernos estatales –dijo Godoy– pueden tener muchas tareas de orden preventivo y se pueden coordinar plenamente en las acciones con el gobierno federal, pero el tema de las competencias no es recomendable dejarlo de lado. Ligado al tema, Medina reconoció que la penetración del crimen organizado en las corporaciones policiacas es generalizado.

El gobernador de Nuevo León abundó en el tema del lavado de dinero y demandó que existan mayores controles y candados en las operaciones financieras, reforzando las tareas de investigación. De igual forma, sostuvo, es preciso acrecentar las acciones en las aduanas mexicanas para impedir el tráfico de armas –que también vulnera la seguridad en México–, pues debe verse qué las mismas son tan porosas.

Reconoció que hay un repunte importante de la violencia en el noreste del país que afecta su entidad y señaló que se pondrán en marcha las medidas necesarias para dar mayor protección a la población civil. Dijo que en los casos en que se detecte connivencia de elementos policiacos con el crimen organizado se habrán de sancionar.

Aludieron también al tema del Ejército, señalando que permanecerá en las calles en función de la eficacia como se enfrente al crimen organizado. Rechazaron que hubiera poco interés de los gobiernos estatales en este rubro, puesto que es uno de los asuntos fundamentales pero, insistieron, hay una definición clara de las competencias a escala constitucional.

Finalmente consideraron que la puesta en marcha de la reforma constitucional no está retrasada y va en los tiempos previstos. Mencionaron que se fijaron 8 años para que operara plenamente todos los cambios puestos en marcha en la misma y hay avances registrados, si bien a diversos ritmos por entidad.