El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) para que discrecionalmente decida si proporciona información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las investigaciones que realiza es un peligro, pues limita la defensa y el ejercicio de las garantías básicas y puede propiciar, en buena medida, desvíos de la ley, injusticias e ilegalidades, advirtió el ombudsman nacional, Raúl Plascencia.

El presidente de la CNDH dijo a este diario: es muy lamentable que encontremos una resolución que avala la opacidad en materia de investigaciones en las que presuntamente se cometen violaciones a los derechos humanos.

No hay nada más terrible que una justicia de espaldas a la sociedad. Una justicia en la que no se dé a conocer lo que se hace. Estos son procedimientos que no corresponden al México de la segunda década del siglo XXI. La justicia tiene que ejercerse de cara a la sociedad; este es un reclamo de hace más de 200 años, aseveró el titular de la CNDH.

Plascencia Villanueva destacó que había una tendencia que se fortaleció con la reforma al artículo 6 constitucional, en materia de acceso al derecho de información; con los juicios orales que buscan transparencia absoluta, pero ahora con esta limitación surge un serio peligro para la sociedad.

El ombudsman nacional manifestó que como las resoluciones de la Corte son inatacables, buscaré canales de comunicación con el Congreso de la Unión para intentar una reforma legal que permita proteger y resguardar los derechos de la sociedad.

–La Corte ha resuelto por segunda ocasión consecutiva en contra de la CNDH, ¿qué lectura le da a ese hecho?

–Veo que los reclamos de la sociedad y su demanda de justicia van en un sentido y la Corte restringe el ejercicio de los derechos humanos, la libertad de las personas, en lugar de ampliarla. Esta resolución es una nube negra para la sociedad, para el ejercicio efectivo de los derechos, ya no es sólo el tema de que los tratados internacionales puedan cobrar vigencia en el país, ahora fue el tema de acceso a la información.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos; Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, condenaron la resolución porque es un grave retroceso, restringe la labor de defensa de la CNDH, avala la opacidad y es un signo de autoritarismo.

La CNDH, añadió Cortez, debería replantear esta situación e incluso recurrir al Congreso para que se haga una reforma a la Ley Orgánica de la CNDH y la de la PGR esa sería una alternativa, pero hemos visto un Congreso atrapado otra vez en la guerra contra el narcotráfico.

El sacerdote Miguel Concha destacó que la conculcación de facultades a la CNDH por parte de la Corte es vergonzosa y muestra que nuestra Corte camina hacia atrás. Me da pena decirlo, pero me da la impresión que son pocos los que ahí (en la Corte) conocen del tema de los derechos humanos, de su trascendencia para un régimen verdaderamente democrático y de derecho, de su trascendencia para una república en la que realmente exista voluntad de hacer justicia y no quedarse simple y sencillamente en el ejercicio de competencia, como si fueran cualquier tribunal.

Luis Arriaga subrayó que se trata de un franco retroceso que muestra la opacidad y la falta de transparencia que tiene la PGR.

Ana Luisa Nerio Monroy, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijo que esa resolución constituye una violación a los derechos humanos, pues para garantizar un derecho debe prevalecer el principio de acceso a la información. Esto es un claro retroceso en la materia, pues se ponen más candados al ejercicio de las garantías individuales, subrayó.