Evaluación general. El riesgo operacional en México se mantiene moderado. El ambiente político es estable pero el riesgo en seguridad es alto, como reflejo de la expansión del crimen violento. La posición minoritaria del gobierno en el Congreso tras las elecciones de julio de 2009 planteará obstáculos a la agenda de reformas estructurales. El riesgo legal y regulatorio es moderado, apoyado por el consenso favorable al mercado en la política económica y la participación en el TLCAN, que pone énfasis en las garantías legales. Sin embargo, las deficiencias en los tribunales debilitan la aplicación de las leyes, y las fallas institucionales socavan la regulación. El retorno al crecimiento que se prevé para 2010, luego de la aguda recesión de 2009, ha aligerado el riesgo macroeconómico y financiero, pero la continuación de la dependencia en el mercado estadunidense hace concebir preocupaciones en lo referente a 2011, en el supuesto de que la economía de EU vuelva a desacelerar. El riesgo del mercado laboral es acentuado por la falta de avance en reformas que incrementen la flexibilidad. La infraestructura requiere inversiones, las cuales se ven obstaculizadas por la inflexibilidad fiscal.

Riesgo de seguridad. El tráfico de drogas instiga grave violencia, tanto en los centros tradicionales de tráfico como en otras regiones, antes relativamente inmunes. La respuesta de línea dura del gobierno ha ocasionado represalias y un aumento de la violencia, y el sector privado expresa inquietud por los costos de la seguridad. Las tasas de secuestros sólo van a la zaga de las de Colombia y son peores que las de Brasil. Las víctimas son individuos pudientes, pero las bandas no se centran en los extranjeros. La fortaleza y visibilidad de los grupos rebeldes armados han disminuido en la década pasada, pero esos grupos aún plantean riesgos a la seguridad. Existe poco riesgo de disturbios sociales serios, pues no hay nexos directos entre los rebeldes armados y la oposición política de izquierda. Las protestas ocurren con frecuen-cia en la capital, pero rara vez son violentas y en general no obstruyen la marcha de los negocios.

Riesgo a la estabilidad política. La transición a la democracia multipartidista es relativamente reciente y se necesitará algún tiempo para que las instituciones creadas durante el monopolio del poder que tuvo el PRI durante siete décadas se adapten a un ambiente en el que los gobiernos ya no disponen de mayorías absolutas. Si bien las frágiles relaciones entre el gobierno federal y la oposición dificultarán el avance en reformas necesarias para elevar la competitividad, existe poca probabilidad de un cambio importante en la orientación política si la oposición llegara al poder. Hay muy escasas posibilidades de que el PRD gane la Presidencia en 2012, y si el PRI recuperara el poder habría continuidad en muchos aspectos de las políticas que afectan la macroeconomía y el ambiente de negocios.

Riesgo financiero. El peso se ha estabilizado en meses recientes, luego de una significativa volatilidad a principios de 2009, pero mantiene una importante debilidad respecto de su promedio a largo plazo. La poca profundidad de los mercados financieros mexicanos continuará sosteniendo el riesgo financiero, pues el crédito bancario al sector privado apenas equivale a 16% del PIB. Sin embargo, debido a las mejoras en regulación y supervisión en la década pasada, la mayoría de los bancos cuentan con sólidos indicadores de prudencia y con mejores técnicas de evaluación de crédito. Esto proporciona una base sólida para una profundización de los mercados de crédito a mediano plazo. Se han desarrollado productos financieros cada vez más refinados, y los mercados financieros adquieren mayor liquidez. Aún hay mucho margen de crecimiento para el financiamiento corporativo a plazos mayores (tres años o más), pues por ahora la mayoría son a corto plazo. El crédito de proveedores sigue siendo la principal fuente de financiamiento a corto plazo para muchas compañías.

Riesgo del mercado laboral. Calderón espera avanzar en las reformas del mercado de trabajo y del sector educativo. La intención es atender, por un lado, las debilidades del sistema de educación pública que restringen la disponibilidad de mano de obra calificada, y por el otro las rígidas y entorpecedoras regulaciones que hacen onerosa la contratación y (sobre todo) el despido de trabajadores, las cuales dan influencia a los sindicatos en las negociaciones laborales y elevan el incentivo para que pequeñas y medianas empresas operen en el sector informal. Sin embargo, no será fácil avanzar. El problema es el poder de cabildeo de los influyentes sindicatos, que continuarán su vociferante oposición a las propuestas. Las tasas de analfabetismo son altas según normas regionales, y las capacidades y experiencia técnica de los trabajadores varían según la región.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya