urante el autoritarismo del régimen del partido de Estado, los ciudadanos ocasionalmente llegábamos a atestiguar la renuncia de uno que otro funcionario responsable de abusos de autoridad o actos de corrupción. Hoy ni siquiera estas victorias pírricas nos son permitidas. Aun cuando existe evidencia contundente de actos ilícitos o irregulares, los gobernadores o secretarios involucrados simplemente se niegan a dar la cara y continúan en el cargo como si nada hubiera ocurrido.

Mario Marín, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto, Eduardo Bours, Juan Camilo Mouriño, Javier Lozano, Genaro García Luna, Fernando Gómez Mont y Juan Molinar Horcasitas son ejemplos conspicuos de esta nueva generación de la desfachatez, que sin duda ha hecho más daño al país que la imaginaria “generación del no”. Constituye una vergüenza internacional el hecho de que nadie ha tenido el valor de afrontar su responsabilidad por la muerte de los niños de Hermosillo, el asesinato de jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez, el abuso contra los campesinos en San Salvador Atenco, la inundación con aguas negras en Chalco, la muerte de los mineros en Pasta de Conchos y tantas otras tragedias y abiertas corruptelas que han venido caracterizando el escenario nacional en los años recientes. La señora impunidad reina rebosante en el México de la alternancia.

No se trata, desde luego, de retornar a la época de la escenografía de las renuncias vacías. En el pasado, las dimisiones de los funcionarios no implicaban que enfrentaran sus responsabilidades penales o administrativas. Muchas veces la separación del cargo ni siquiera afectaba negativamente su carrera política, sino que implicaba el inicio de una nueva etapa de mayor presencia pública. Con las renuncias también se protegía al Presidente de la República de tener que exponerse ante el juicio ciudadano. Se ofrecían las cabezas de unos cuantos chivos expiatorios a cambio de la continuidad del sistema imperante.

Hoy habría que encontrar vías más efectivas y auténticas para llamar a cuentas a los altos funcionarios públicos. Las propuestas de Felipe Calderón (relección de legisladores y alcaldes, candidaturas independientes y segunda vuelta) definitivamente no atacan de raíz la grave crisis que se vive en la materia.

Afortunadamente, las iniciativas del Dia (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia) y de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sí incluyen algunas propuestas que caminan en el sentido correcto. Una de las más importantes, compartidas por ambas iniciativas, es la dotación de autonomía plena al Ministerio Público.

Ya es hora de combatir la ineficacia y el burdo manejo político de esta institución. La iniciativa del Dia es particularmente contundente al respecto: El Ministerio Público, tal como se encuentra constituido en la actualidad, ha sido rebasado no solamente por el cada vez más grande fenómeno delincuencial, sino también por los profundos y arraigados vicios que le aquejan, tales como la excesiva burocratización, la falta de agilidad en la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de sus agentes, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la infiltración de grupos criminales.

Otra propuesta relevante en ambas iniciativas de la oposición es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El PRI propone eliminar los principios de posterioridad y anualidad para el auditor, con el fin de agilizar su labor y permitir que acompañe más cercanamente al Congreso en su función de evaluar a los secretarios de Estado. El Dia va más lejos y propone consolidar la autonomía constitucional de la ASF y dotar al auditor con la facultad de ejercer directamente la acción penal y perseguir delitos en contra del erario ante los tribunales. Estas reformas podrían transformar radicalmente el sistema institucional para la rendición de cuentas y empezar a poner un alto a la impunidad tan corrosiva que actualmente impera en el país.

La ratificación del gabinete por el Poder Legislativo (PRI y Dia), junto con la moción de censura (PRI), el fortalecimiento de las comisiones de investigación del Congreso (Dia) y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Poder Legislativo (Dia), también tendrían el sano efecto de requilibrar la división de poderes y obligar a los secretarios de Estado a rendir cuentas y tener mejor desempeño. Asimismo, la figura de la revocación de mandato (Dia) pondría en manos de los ciudadanos un arma poderosa para que a los gobernantes nunca se les ocurra olvidar el texto del artículo 39 constitucional: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo (...) el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Tal como ha sido el caso a lo largo de la transición política en México, una vez más las propuestas de reforma del Estado que realmente valen la pena surgen de la oposición. En lugar de promover ciegamente su decálogo de reformas cosméticas y con sesgos autoritarios, el gobierno federal y el Partido Acción Nacional deberían abrir los espacios para la discusión y aprobación de otras propuestas de mucho mayor calado que nos permitirían deshacernos de una vez por todas de la generación de la desfachatez que tanto se ha arraigado en el país.

Con admiración por la incansable lucha de las mujeres por la justicia

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