Montevideo, 7 de marzo. La fiscal Ana Tellechea, reconocida por la investigación que sirvió para condenar al ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry a 30 anos de prisión, solicitó a la Suprema Corte de Justicia declarar inconstitucional la ley de 1986 que concedió amnistía a militares y policías involucrados en la persecución y muerte de 25 opositores políticos de izquierda, durante la dictadura de 1973 a 1985.

Tellechea presentó los recursos contra tres artículos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por entender que viola diversas disposiciones de la Constitución uruguaya, incluidos el principio de separación de poderes y el derecho de las víctimas a acceder al sistema judicial.

Los recursos comprenden dos causas anexas al expediente por el cual recientemente fue condenado Bordaberry por el delito de atentado a la Constitución, dos homicidios políticos y nueve desapariciones forzadas.

El ex mandatario fue encarcelado en 2006 por su complicidad en la muerte de dos legisladores, poco tiempo después de que Bordaberry disolvió el Congreso en 1973 y propició la formación de la dictadura que terminó 12 años más tarde. Debido a su avanzada edad y a problemas de salud, las autoridades le autorizaron al año siguiente la prisión domiciliaria.

Uno de los recursos refiere a la causa por la cual se indaga el fusilamiento de cinco militantes tupamaros ocurrida en 1974 y el otro al homicidio de 20 activistas de izquierda entre 1973 y 1976.

La indagatoria que hasta el presente se ha realizado nos lleva a la conclusión de que eventualmente existirían sujetos implicados en los hechos que no se encuentran comprendidos en la ley, expresó Tellechea en sus argumentos, según un extracto publicado por el rotativo La República de Montevideo.

Por gestiones de Tellechea, en octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para el caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrido también durante la mas reciente dictadura uruguaya.

Estos casos de excepción en la constitucionalidad de la legislación que formalmente se conoce como la Ley Número 15,848 han dado paso a que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la validez de la norma.