Jean Succar Kuri, El Johnny, consiguió que lo cambien del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el estado de México, a la cárcel municipal de Cancún, Quintana Roo, luego de que el pasado viernes por la noche un tribunal unitario de circuito confirmó el fallo de un juez federal que autorizó el traslado desde noviembre pasado, tras considerar que el pederasta no es un sujeto de alta peligrosidad, revelaron este fin de semana funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF).

La Procuraduría General de la República (PGR) y los abogados de Jean Succar Kuri serán notificados de la determinación del magistrado José Ángel Mattar Oliva este lunes por la mañana, y se prevé que a más tardar el próximo jueves, después de una serie de trámites administrativos que se realizarán entre martes y miércoles de esta semana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal dé cumplimiento a la sentencia, que ya es inatacable.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el traslado que ordenó en primera instancia el titular del juzgado segundo de distrito de Cancún, Alfonso Gabriel García Lanz, se confirmó debido a un error de la agente del Ministerio Público Federal con sede en ese destino turístico, Lourdes Nava, pues la funcionaria no invocó la figura jurídica idónea al momento de impugnar la resolución del juez.

El juez García Lanz procesa desde julio de 2006 al estadunidense acusado de violar y prostituir a decenas de niños y niñas.

No podíamos hacer más que confirmar la resolución o de lo contrario hubiéramos incurrido en responsabilidades administrativas ante el Consejo de la Judicatura Federal. La titular del Ministerio Público Federal (Lourdes Nava) se equivocó. No presentó el recurso jurídico idóneo para impugnar la autorización del juez que permitió el traslado de Succar a Cancún, ya que interpuso un recurso de apelación en lugar de uno de revocación, que era el pertinente, por lo que tuvimos que desechar el recurso y declarar procedente el fallo de primera instancia, reveló una fuente del tribunal unitario de Quintana Roo.

En su edición del 15 de enero pasado, La Jornada reveló que El Johnny estaba a un paso de dejar el penal del Altiplano para regresar a la cárcel municipal de Cancún, luego de que el juez García Lanz consideró que el indiciado no es un sujeto de alta peligrosidad. Esa penitenciaría municipal se caracteriza por ser de las más inseguras del país, ya que ha tenido varias fugas de reos en años recientes.

Al siguiente día, en un intento por desmentir la información de este diario, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, aseguró que el traslado de Succar no era un hecho firme, y dijo que los fiscales del caso estaban convencidos de que el tribunal unitario de circuito de Cancún revocaría el fallo del juez de primera instancia.

Desde julio de 2006, cuando García Lanz dictó formal prisión en contra de Succar Kuri por el delito de pornografía infantil, apenas unas semanas después de que el sujeto, que enfrenta cargos de pederastia, fuera extraditado de Estados Unidos a México, el juez federal no ha podido cerrar la instrucción del juicio, trámite indispensable para dictar sentencia de primera instancia.

No lo ha podido hacer, primero, porque los abogados defensores de Succar se han opuesto, y segundo, porque el procesado fue trasladado hace tres años al penal federal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México, lo que ha dificultado las diligencias judiciales ordenadas por el juez federal de Cancún para el desahogo del proceso.

La cárcel municipal de Cancún ha sido en años recientes motivo de señalamientos: desde un motín con fugas y muertos por el traslado de un reo a otro penal, hasta la detención de un alcalde por nexos con el crimen organizado.

Uno de los más recientes sucesos de gran impacto que han tenido que ver con ese penal municipal es la información conocida en enero de que su ampliación está a cargo de presuntos familiares de Vicente Carrillo Fuentes, capo heredero del liderazgo del cártel de Juárez. Esa obra fue entregada de manera directa por el gobierno de Quintana Roo, y por ella se está pagando un sobreprecio de al menos tres millones de pesos.