s de todos sabido que el pasado diciembre el jefe del Ejecutivo federal envío una iniciativa de reforma política al Congreso. Los distintos partidos allí representados la recibieron con poco entusiasmo y con bastantes críticas. En su defensa su autor arguyó que la misma respondía a las demandas ciudadanas frente a una clase política anquilosada, “…busca ampliar –afirmó– tanto las vías de participación ciudadana, como los derechos políticos de los ciudadanos…”. En diversos foros ha repetido el mismo argumento, asumiéndose como portavoz de las demandas ciudadanas.

Para valorar la correspondencia entre esta reforma política y las reales demandas de la ciudadanía, consulté con varias personas vinculadas a organizaciones de la sociedad civil, que desde hace décadas han luchado por la democracia en México y han sido, por ello, las que han propiciado avances sustantivos en esta materia. De esas consultas me queda claro lo siguiente:

1. Se coincide con la afirmación de que tenemos que encontrar la forma de ampliar los canales de participación ciudadana en las decisiones colectivas. Sin embargo, causa sorpresa que un gobierno que durante tres años ha dado muestras de su escaso o nulo interés por formalizar o fortalecer la participación ciudadana, por abrir espacios de verdadero diálogo para el debate sobre las políticas y decisiones que interesan o afectan a la población, o incluso por respetar y preservar los limitados espacios de interlocución e incidencia que tanto trabajo les ha costado a las organizaciones de la sociedad civil construir, repentina e inopinadamente ponga el énfasis discursivo en una ciudadanía abstracta, sin tener en cuenta las demandas de la ciudadanía concreta, que no sólo quiere democracia política, aún inconclusa, sino también democracia económica y democracia social. No hay una práctica que avale semejante afirmación.

2. Existe la presunción de que algunas de las figuras por las que han pugnado las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la iniciativa popular o las candidaturas independientes, son tomadas de manera aislada, para legitimar algunos requerimientos del actual grupo en el poder. Tal es el caso de la limitadísima reforma para establecer el referendo, vinculado al parecer sólo a las iniciativas de reforma constitucional con carácter de preferente, y que no hayan sido votadas por el legislativo en el período en que fueron enviadas. No parecen ser, como ocurre en las democracias consolidadas, reformas que se ubiquen en un marco de control del gobierno por la sociedad. El plebiscito y el referendo para los diversos temas que preocupan a la ciudadana; la revocación de mandato de los funcionarios que no cumplan con su encargo; la participación en las políticas públicas y el Consejo Económico y Social, son algunas de las muchas demandas ciudadanas que no son escuchadas.

3. Causó bastante preocupación entre los consultados el hecho de que las fuerzas armadas hayan salido en defensa de esta iniciativa. Se tiene la impresión de que con ello se rompe una tradición en la que el Ejército se ha mantenido, para la preservación de su institucionalidad, al margen de la política. Máxime que esta modificación se da en un entorno en el que las fuerzas armadas han sido involucradas en funciones que no les corresponden, y de las que se han seguido violaciones graves de los derechos humanos, que han sido oportunamente denunciadas. No parece prudente exponer en tantos flancos la institucionalidad del Ejército.

4.-Otro asunto que llamó la atención a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil es que una reforma supuestamente para la ciudadanía no haya sido previamente consultada. A posteriori se ha llamado a algunas personas para discutirla, sin que trascienda el contenido de lo hablado. Todo indica que se han utilizado métodos del marketing político estadunidense, para dar la impresión de que sí hay una comunicación con la ciudadanía. ¿No sería oportuno –se preguntan varios de ellos– ensayar el referendo con una consulta a la ciudadanía sobre los contenidos de la propuesta de reforma, abriendo la posibilidad de incorporar aquellos asuntos que preocupen a los ciudadanos?

5. Mientras no se responda a lo anterior, lo que percibí fue más bien entre los consultados el consenso sobre lo que hace ya varias semanas expuso de manera clara Diego Valadez sobre la iniciativa presidencial: La reforma promueve la concentración del poder y su ejercicio irresponsable. Es un diseño para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y la cooperación entre los órganos de poder.

La mejor manera de disipar las dudas sobre una verdadera reforma política para la ciudadanía, será una propuesta desde la ciudadanía. Ha habido múltiples propuestas que hasta ahora no han tenido respuesta. Una de ellas es precisamente la elaboración de una Ley Federal de Participación Ciudadana, demandada por 24 organizaciones civiles de desarrollo y promoción de los derechos humanos, y nueve redes de organizaciones no gubernamentales, a los candidatos y candidatas a los poderes ejecutivo y legislativo desde comienzos del 2006. Una ley que reconozca y regule el derecho a la participación de los ciudadanos, promueva su organización y fortalecimiento, y fomente su involucramiento en la gestión de los asuntos públicos. Ojalá que los legisladores se acuerden de ella, como primer paso necesario.