El Congreso de la Unión debería tener una mayor participación en la autorización de los proyectos de prestación de servicios (PPS), por los cuales el gobierno federal adquiere una deuda de largo plazo y la paga con recursos de su gasto corriente, lo que limita las posibilidades para atender otras prioridades. Es el caso de los hospitales regionales de alta especialidad (HRAE) de El Bajío y Ciudad Victoria, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública 2008.

El informe de resultados presentado en días pasados destaca que actualmente la autorización de los PPS y los presupuestos multianuales está bajo la total discreción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual no es conveniente, principalmente porque se trata de deuda pública que debe ser autorizada por la Cámara de Diputados, como está establecida en la Constitución.

Plantea que si bien los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato de PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión, ya que en ambos casos, los pagos que deben efectuarse año con año limitan la posibilidad de atender otras prioridades en un determinado sector.

Lo anterior, además, porque el pago al proveedor tiene carácter preferencial en el diseño anual del presupuesto al momento de asignar y autorizar recursos, indica el apartado del informe sobre el HRAE del Bajío.

Con ello, la ASF dio la razón a la denuncia que desde hace dos años ha realizado Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, en particular porque son grandes negocios que no cumplen su cometido de prestar servicios médicos a la población necesitada, indicó.

Los PPS son la alternativa que encontró el gobierno federal para subsanar la carencia de infraestructura médica de alta especialidad en los estados de la República, y como parte de las acciones encaminadas a garantizar la cobertura universal de servicios de salud en el año 2011. El objetivo es contar con HRAE en 20 estados de la República, con mil 147 camas en beneficio de 23.7 millones de habitantes.

Se trata de un esquema de asociación público-privada, en la que por medio de un contrato de servicios de largo plazo el inversionista se compromete a financiar, diseñar, construir, equipar, mantener, conservar y operar la infraestructura, a fin de que la Secretaría de Salud pueda ofrecer el servicio público.

El inversionista recibe como pago, un recurso anual determinado y durante los siguientes 25 años. En el caso del Bajío, la cifra base contratada en 2005 es de 130 millones 453.1 mil pesos. Sin embargo, resaltó Laurell, en 2008 la Ssa pagó 168 millones y 176 millones en 2009. Explicó que esto es así porque la tasa de interés contratada por el inversionista para el financiamiento de la obra y equipamiento del hospital es la que prevalece en el mercado.

Según la información oficial, aceptada por la ASF, este tipo de proyectos representa beneficios económicos para las finanzas públicas, aunque no confirma que la prestación del servicio sea más eficiente.