Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) denunciaron que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se ha negado a reconocer su carácter de nueva organización gremial adscrita a la paraestatal.

Por su parte, Jesús Zambrano (PRD), vicepresidente de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo –que se turnó a la Junta de Coordinación Política– para demandar al funcionario que acate el amparo concedido a favor de la UNTPP y la toma de nota que en diciembre le otorgó la Secretaría del Trabajo.

En conferencia de prensa, el secretario general de la unión, Didier Marquina Cárdenas, denunció que la mayoría de los afiliados y sus dirigentes han sido desalojados de los edificios e instalaciones de Pemex por agentes armados.

Pemex cuenta con una gerencia de servicios de seguridad física, con personal que se encarga de resguardar las instalaciones, que tiene instrucción militar y porta armas de uso exclusivo del Ejército. Son paramilitares dispuestos a disparar y los utilizan las direcciones de recursos humanos y corporativa de administración para sacarnos de nuestros puestos de trabajo, informó.

Refirió que la unión contaba con más de 3 mil afiliados, pero el registro más reciente –inscrito en la Secretaría del Trabajo– es de sólo 260, en contra de quienes la dirección general de Pemex se ha ensañado, llamándolos uno por uno, en sus centros de trabajo, para presionarlos a que firmen su renuncia.

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, al comparecer ante la Comisión de Energía del Senado el 11 de diciembre de 2009Foto Guillermo Sologuren

Mientras, Zambrano sostuvo que la negativa de Suárez Coppel a reconocer las relaciones laborales con la unión se debe a la relación con la mafia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que ejerce un indiscutible peso en las decisiones que asume la empresa.

A pesar del reconocimiento a esta organización, continúa una campaña de agresiones, amenazas, despidos y violaciones flagrantes a distintas disposiciones legales y al propio fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que favorece a los trabajadores, señaló.

Refirió que a una de las afiliadas a la unión se le suspendió la atención médica, mientras otro de los dirigentes gremiales fue despedido.

Se ha llegado al grado de, con descaro absoluto, circular opiniones desde los altos mandos de Pemex, en el sentido de que la desaparición de la unión es un asunto de Estado y de supervivencia de la empresa, seguramente por pactos con la mafia petrolera.