Ciudad Juárez, Chih., 25 de febrero. Una juez dejó en libertad a dos presuntos sicarios detenidos el domingo pasado por soldados, debido a que un médico legista confirmó que fueron golpeados y les aplicaron descargas eléctricas para que se confesaran responsables de matar a 15 personas.

Al ser presentados, Jesús Armando Acosta Guerrero y Víctor Manuel Ávila Vásquez, de 35 y 37 años, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Ecatepec, estado de México, respectivamente, confesaron ser pistoleros del grupo La Línea –brazo operativo del cártel de Juárez– y que recibían un sueldo semanal de entre mil 300 y mil 500 pesos.

Durante la diligencia de ayer, Enrique Torres Valadez, vocero del Operativo Coordinado Chihua-hua, informó que la madrugada del domingo pasado un denunciante anónimo dijo que Acosta Guerrero y Ávila Vásquez intentaron asesinar a una mujer cuando salía del gimnasio Alcatraz en compañía de una menor.

El informante agregó que ambos se encontraban en el bar Mirage, donde un convoy militar los localizó en un vehículo negro con matrículas BPZ-332 del estado de Texas.

La defensa, sin embargo, presentó a testigos que afirmaron que los dos hombres estaban en el bar cuando fueron aprehendidos sin motivo.

Dos trabajadores de ese lugar, además, fueron arrestados, pero alrededor de las cinco de la madrugada fueron liberadas en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, la agente del Ministerio Público a cargo del caso dijo que ambos pistoleros abortaron el plan de asesinar a la mujer al ver que iba acompañada por una niña, por lo que mostraron un arrepentimiento espontáneo.

También mostraron certificados médicos donde se asienta que los hombres presentan múltiples quemaduras superficiales circulares, producidas por acciones de tortura con electricidad, así como golpes en varias partes del cuerpo.

El lunes anterior la juez Dora Imelda Rodríguez Díaz, titular del tribunal de garantía, validó el certificado solicitado por los abogados defensores, en el cual se asentaron las lesiones que les fueron infligidas para obligarlos a autoincriminarse.

Concluyó que la única prueba presentada por el Ministerio Público, con base en la consignación hecha por los militares, eran las confesiones obtenidas mediante tortura, práctica prohibida en México, además de que en la legislación estatal la autoincriminación no es contundente si no va acompañada de pruebas.