Indígenas triquis sobreviven, desde hace más de 25 años, hacinados en una franja de terreno en la Candelaria de los Patos. Son 59 familias provenientes de la Mixteca oaxaqueña. En 1983 firmaron un contrato de compraventa para adquirir la propiedad. Un año después enfrentaron una demanda civil y ganaron el pleito. Desde 1996 pagan predial, agua potable y energía eléctrica. Sin embargo, el terreno nunca fue escriturado a su nombre.

Hace menos de dos años el gobierno capitalino decretó la expropiación del terreno para incorporarlos a un programa de vivienda. Meses antes, los indígenas, oriundos del municipio autónomo de San Juan Copala, pagaron 127 mil pesos a la arquitecta Guadalupe Castillo Aja con la finalidad de que comenzara la elaboración del proyecto ejecutivo correspondiente. El pago fue validado por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, pero meses después Castillo Aja despareció.

El proyecto nunca fue terminado, la construcción de los departamentos se canceló y el martes los triquis –minutos antes de reunirse con el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa– hicieron escuchar su voz: Aquí estamos y no vamos a permitir que nos sigan discriminando. No han podido con nosotros, no han logrado arrancar nuestras raíces y exigimos nuestros derechos como ciudadanos indígenas que somos.

La franja de terreno, de 34 metros de largo por 15 de ancho, está ubicada entre Congreso de la Unión y Juan de la Granja. Cuenta con dos accesos, uno por cada vialidad. Cada núcleo familiar vive en un cuarto de nueve metros cuadrados. Las habitaciones están construidas con láminas, cartones y retazos de madera. Los indígenas, que se cuentan por cientos, comparten dos sanitarios comunes y viven de la venta de artesanías que elaboran a unos cuantos metros del Palacio Legislativo. Las mujeres utilizan telares de cintura.

Se saben propietarios y para comprobarlo muestran copia del contrato signado en mayo de 1983. La vendedora es Concepción Espinosa Perea, y los compradores, más de 40 personas. El documento, sellado por un juzgado de lo civil, señala que el pago de 82 mil 600 pesos se hará en tres exhibiciones.

La boleta del impuesto predial de 2009 refiere un valor catastral de más de 2 millones de pesos. Está dirigido al viudo de Espinosa y el impuesto fue de 11 mil 56 pesos. En uno de los costados de la entrada de Juan de la Granja se instalaron los 59 medidores de luz y una toma de agua potable.

Para las autoridades el terreno está conformado por dos predios; el 28 julio del 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de expropiación de Juan de la Granja 74 y el 23 de abril del año siguiente, el de Congreso de la Unión 73.

No vamos a permitir que nos cobren de nuevo el predio. Nosotros ya lo pagamos, pero como no hubo escrituras el gobierno lo expropió. Estamos a dispuestos a pagar por la construcción de las viviendas, pero no por el terreno, advirtió Venancio Martínez.

Durante la mesa de trabajo que sostuvieron el martes los indígenas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se acordó realizar una valoración del avance del proyecto ejecutivo de Castillo Aja, además de realizar reuniones en el Instituto de Vivienda para atender su demanda.