A partir de este año, los 22 magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) sumarán a sus casi 150 mil pesos de salario bruto mensual más de siete mil pesos en vales, que contrastan con los 400 pesos que por el mismo concepto recibe la mayoría de los empleados de ese órgano autónomo.

Así lo confirma una copia del acta de la sesión extraordinaria que tuvieron los magistrados de la sala superior el pasado 8 de enero, quienes, al margen de la reformada ley orgánica del TCADF, aprobaron asuntos administrativos tales como el otorgamiento de esos vales y el aumento de 30 por ciento en el sueldo de un grupo de mandos superiores, el cual también se le integró al Seguro de Separación Individualizado.

Uno de estos beneficiados es Raúl Muñoz Fraga, quien fue incorporado a este órgano autónomo –presidido por Raúl Armida– como director general administrativo, cargo que ocupó en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) durante la presidencia de Miguel Covián.

Estos dos servidores públicos, tanto Covián como Muñoz Fraga, estuvieron mencionados en el caso de la venta y renta de plazas en el TEDF. El primero fue destituido e inhabilitado en días recientes por la Contraloría Interna de esta instancia electoral, al confirmar que incurrió en algunas anomalías, como no declarar algunos emolumentos y una cuenta bancaria.

El año pasado, la cuarta Legislatura reformó la Ley Orgánica del TCADF, con lo que se le obligaba a crear en enero una junta de gobierno, que conocería y determinaría todas las cuestiones administrativas de este tribunal –funciones que monopolizaba la sala superior– y una contraloría interna.

Según demuestra la copia del acta de la sesión extraordinaria de la sala superior del TCADF, del pasado 8 de enero, los magistrados decidieron hacer a un lado las reformas a la ley y autorizar asuntos administrativos como el otorgamiento de vales o el alza salarial.

Incluso, el mismo documento revela que el presidente de ese órgano autónomo, Raúl Armida, alegaba en ese momento: si no hay acuerdo del pleno, no se puede ejercer el presupuesto; entonces el tribunal, ustedes (los magistrados), sufrirán las consecuencias y las represalias de que no podamos tocar un peso.

Ante los señalamientos de la magistrada Yazmín Esquivel, de que se estaría violando la ley si se aprobaban asuntos administrativos, Armida volvió a señalar: si no se lleva a cabo esta sesión, yo me lavo las manos; que se asiente en el acta que no fue culpa de la presidencia que no se cumplan con estas obligaciones, y vamos a ver qué sucede, en alusión a los pendientes financieros del TCADF.

Ese 8 de enero salieron los acuerdos administrativos; la junta de gobierno se instaló después del día 20 de enero, y la contraloría interna sigue sin instituirse, con el argumento de que no se tiene dinero.