La fiscalía antilavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) respondió hace dos días a un juzgado en materia de amparo –que en tres ocasiones había ordenado descongelar diversas cuentas del sindicato minero– que no podía cumplir el mandato judicial, supuestamente porque si liberaba el dinero los trabajadores podrían utilizarlo para adquirir narcóticos.

El juzgado quinto de distrito de amparo avaló el dicho de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), por lo que unas seis cuentas bancarias a nombre del gremio, que amparan inversiones millonarias, continúan aseguradas.

Es la peor de las mentiras, es una locura, una suposición absurda que la SIEDO no acompañó con el menor indicio que comprobara su dicho. Por eso tuvimos que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que corrija al juzgado y se pueda actuar contra la PGR, reveló ayer a La Jornada el penalista Marco Antonio del Toro, del equipo de abogados del líder minero Napoleón Gómez Urrutia.

Incrédulo con el argumento de la PGR, el litigante refirió que “en su respuesta al juzgado, lo que dijo la SIEDO es que cancelar el aseguramiento sería algo muy riesgoso, porque a lo mejor el dinero podría ser destinado para la adquisición de drogas.

“Pero más allá de lo absurdo de ese argumento, hay que aclarar que la SIEDO lo que está investigando es dinero de procedencia ilícita, no recursos con destino desconocido.

“Entonces, qué pasaba, pues que el sindicato mandaba dinero a cuentas de trabajadores de la minera de Cananea (Sonora) y éstos, a su vez, lo retiraban en efectivo. ¿Para qué lo retiraban en efectivo? Para distribuirlo entre las familias de los trabajadores.

“La verdad es que esto de insinuar que el dinero no debe ser liberado porque los mineros podrían destinarlo para adquirir drogas, sin sustentar su dicho ni siquiera con indicios, ya ha llegado al absurdo total que confirma la persecución política contra Napoleón Gómez Urrutia. Únicamente es un pretexto de la PGR para violentar los tres amparos que ya ganamos contra el aseguramiento de las cuentas bancarias”, puntualizó Del Toro.

Se trata de cuentas abiertas en Banamex y Bancomer, entre otras instituciones bancarias, con inversiones cercanas a 25 millones de pesos.

A finales de noviembre pasado, la unidad especializada en el combate a delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita de la PGR ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento precautorio de las cuentas sindicales, mientras se desahoga y resuelve una averi- guación previa abierta ante la SIEDO, a raíz de varias denuncias interpuestas por mineros contrarios al líder Napoleón Gómez Urrutia, quienes acusaron que existían movimientos bancarios irregulares de entre 1.5 y 3 millones de pesos mensuales.