Con una trayectoria de más de 40 años en la política nacional, el priísta Manuel Bartlett Díaz afirmó sentirse doblemente satisfecho por el amparo que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que mostró su independencia y autonomía al colocarse por encima de relaciones personales de poder.

La reciente resolución de la Corte sobre el fuero legislativo, aseveró el ex gobernador de Puebla, definió un tema de trascendencia nacional, al poner límite a esa inmunidad.

Agregó que además le dio la razón en el juicio por difamación en contra del ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Germán Martínez Cázares, quien deberá resarcir el daño moral que le provocó.

En entrevista, el ex senador priísta relató los pormenores de un proceso prolongado por casi cuatro años, en el que, señaló, Martínez contó con el respaldo gubernamental y un grupo de abogados de postín, entre ellos el ahora secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Fue el actual responsable de la política interior del país, abundó, quien respondió a la demanda que presentó en 2006 contra Martínez Cázares.

El mismo Gómez Mont fue quien cambió la estrategia de defensa inicial y la centró en que no se podía juzgar a quien luego fue dirigente panista, por la inviolabilidad de su fuero como parlamentario, apuntó.

Acusación de fraude y homicidio

Bartlett recordó que días antes de las cuestionadas elecciones del 2 de julio de 2006, durante una sesión del Instituto Federal Electoral (IFE), el señor Martínez Cázares, quien era el representante del PAN ante ese instituto, dijo a los perredistas que ahora andaban abrazando a Manuel Bartlett, artífice del fraude electoral del 88 y presunto asesino del periodista Manuel Buendía.

Resaltó que en su vasta carrera política como secretario de Estado, gobernador y legislador he recibido muchas imputaciones y descalificaciones, pero una acusación tan grave, que tuvo una amplia repercusión en la prensa nacional y extranjera, no podía quedar así.

Por ello, detalló, demandó de inmediato a Martínez Cázares por daño moral en un juzgado civil y a pesar de las triquiñuelas utilizadas por el panista –entre ellas, que nunca está localizable– ya que nunca jugó limpio, lo pudo llevar a tribunales.

En primera instancia un juez lo absolvió; apelamos ante el tribunal Superior de Justicia y entonces Gómez Mont y sus demás abogados de la Escuela Libre de Derecho cambiaron la argumentación de la defensa y esgrimieron el fuero legislativo.

El ex titular de Gobernación expresó que los abogados sostuvieron que Martínez Cázares era diputado federal en el momento de lanzar las acusaciones y, por tanto, con base en el artículo 61 Constitucional, jamás podría ser reconvenido por las opiniones manifestadas en el desempeño de su cargo.

La importancia de la resolución va más allá de mi denuncia de daño moral porque es la primera vez que la Corte revisa el artículo 61 constitucional y le pone límites al fuero, afirmó Manuel BartlettFoto Carlos Ramos Mamahua

Bartlett detalló que ésa es la defensa que mantuvieron en todos estos años de idas y venidas de recursos, en los que le habían negado la razón.

Insistió en que Gómez Mont se mantuvo siempre pendiente del asunto, hasta que dejó su despacho para asumir la Secretaría de Gobernación.

Perdimos un amparo, y al final de cuentas logramos llevar el asunto hasta el pleno de la SCJN, ya que se estaba haciendo una interpretación directa del 61 constitucional, expuso.

El argumento jurídico del que apeló ante la Corte, explicó el ex legislador, es que en el momento de lanzar las acusaciones en mi contra, Martínez Cázares no estaba en el desempeño de sus funciones, como dice literalmente el artículo 61 constitucional, ya que representaba al PAN en el IFE.

Finalmente, la SCJN resolvió a favor de Bartlett en un fallo cuya importancia va más allá de mi denuncia de daño moral porque es la primera vez que la Corte revisa ese artículo 61 constitucional y le pone límites al fuero.

Por ocho votos contra dos, el pleno de ese tribunal determinó que los senadores y diputados tienen el privilegio de estar protegidos por el fuero, pero siempre en el ejercicio de sus funciones, y en otra circunstancia actúan como ciudadanos y pueden ser demandados.

Bajo ese criterio, Martínez no estaba en el desempeño de su cargo, porque, aunque era legislador, en el momento de hacer las acusaciones representaba a su partido ante el IFE.

En cuanto el ministro Juan N. Silva Meza engrose la resolución, la comunicará al juzgado civil donde presentaron la denuncia, y éste tendrá que condenar al panista por daño moral, porque además está confeso de haber hecho esa declaración con dolo, afirmó Bartlett.

–¿En que consiste la pena?

–Se le obligará a reconocer públicamente que me provocó un daño moral con sus acusaciones falsas, y deberá publicarse en todos los medios escritos y electrónicos, nacionales y extranjeros, en que se consignaron sus declaraciones. Hay además una reparación económica que deberá pagar y que habrá de fijar el tribunal tomando en cuenta las circunstancias, las personas.

Sin embargo, reiteró, lo más importante es esa resolución inédita, que comentan analistas, juristas y académicos, porque, como lo dijo el ministro (José Fernando) Franco, si queremos un país democrático, tenemos que ponerle límite a todo.