Viena, 24 de febrero. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas criticó a Brasil, México y Argentina, naciones que, consideró, se encaminan hacia la despenalización de las drogas, algo que, advirtió, puede ser mal interpretado.

Lamentablemente hay personas influyentes, entre ellas políticos de alto nivel en Sudamérica, que han expresado públicamente su apoyo a esta idea, lamentó el organismo en su informe anual presentado en Viena. Sin embargo, apuntó, el enfoque sobre despenalización de drogas para consumo personal puede ser mal interpretado.

Advirtió que si los respectivos gobiernos no actúan decididamente para combatir ese movimiento, se corre el riesgo de socavar los esfuerzos nacionales e internacionales para luchar contra el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes.

Organismos no gubernamentales como el Transnational Institute (TNI) y la Oficina para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), señalaron que el informe de la JIFE sobrepasa su mandato e interfiere con la soberanía de los países en cuanto a toma de decisiones, ya que critica la jurisprudencia y las políticas nacionales sobre despenalización en la materia.

En agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de Argentina declaró inconstitucional la imposición de castigos por la posesión de cannabis para el uso personal. Otro tanto hizo México el año pasado, luego de que en un decreto de ley despenalizó la posesión de drogas para el uso personal. Asimismo, Brasil incorporó desde 2006 una despenalización parcial al remplazar las sentencias de prisión con tratamientos y medidas educativas.

La JIFE hizo el llamado a combatir la tendencia hacia la despenalización según la Convención de 1988 acerca de la obligación de criminalizar la posesión de drogas para el uso personal, aun cuando la Convención explícitamente es flexible en cuanto a esto, indicó John Walsh, del programa de WOLA.

El organismo de la ONU refiere que la citada Convención requiere a cada una de las partes tipificar como delitos penales la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal.

De acuerdo con WOLA, el artículo tercero, párrafo dos, establece que las medidas que criminalizan la posesión para el consumo personal están sujetas a los principios constitucionales y conceptos fundamentales de ordenamiento jurídico de cada país. Es decir, los gobiernos, tienen cierta latitud dentro de las Convenciones para reformar sus leyes al respecto.

En su informe, al igual que el año pasado, la JIFE también insiste en reprender a Bolivia por mantener su política de la masticación de la hoja de coca y por otros usos tradicionales. Esto, a pesar de que en 2008 Bolivia estableció en su Constitución que la milenaria hoja de coca es un patrimonio cultural.

Nuevamente, la JIFE se muestra fuera de contacto con la realidad al exigir que Bolivia deje de usar coca, planta que también está erróneamente prohibida en las Convenciones, destacó Pien Metaal, de la organización TNI. Esta controversia derivada de los tratados de control de drogas y el propio papel que juega el organismo de la ONU deben ser revisados, dijo.

También destacó que la disminución en Colombia del cultivo de hoja de coca, incidió en una disminución del cultivo de plantaciones en toda Sudamérica.

En Estados Unidos, 6.2 millones de personas abusaron en 2008 de medicamentos que requieren receta, incluida la morfina, la codeína y la metadona, que ahora se suman a los que consumen heroína, cocaína y éxtasis. Asimismo, en el Reino Unido la metadona, medicamento contra el dolor, fue responsable ese mismo año de 27 por ciento de todas las muertes causadas por consumo de medicamentos.

En el informe se menciona a otros países europeos donde importantes sectores de la población son afectados por el uso de medicamentos sin receta médica, y en ese contexto se hace un llamado a actuar contra la proliferación de ciberfarmacias y de centrales de compra de medicamentos por Internet, cuyas bases están sobre todo en India, para bloquear circuitos ilícitos de distribución.

En cuanto al tráfico de drogas ilegales en América Latina, el informe del organismo señala que los cárteles mexicanos se han hecho del control de toda la cadena de suministro, desde el transporte hasta la distribución en Estados Unidos. Esto, en relación a la cocaína que se origina en plantaciones sudamericanas, aun cuando ha habido una fuerte disminución de su cultivo en Colombia.

Según el informe, se observa un fuerte aumento del uso de drogas de la violación para cometer crímenes sexuales, que consiste en administrar sustancias sin que las víctimas se den cuenta para reducir su resistencia. En su alerta sobre esta situación, concluye que los agresores esquivan los controles utilizando sustancias no incluidas en las Convenciones.

Por último, para frenar el fenómeno llamó a gobiernos y farmacéuticos a poner colorantes o aromatizantes a estas sustancias para que potenciales víctimas puedan advertir que su bebida está adulterada.