En México sólo cinco entidades han regulado, mediante su ley de educación y salud, la venta de alimentos de bajo valor nutricional en escuelas de educación básica, públicas y privadas, mientras que seis estados no tienen ninguna reglamentación y otros nueve sólo cuentan con ordenamientos secundarios, como reglamentos, circulares, convocatorias, lineamientos y normas técnicas.

A pesar que desde 1994 se aprobaron las primeras medidas para intentar regular la comercialización de comida chatarra en los planteles escolares, a la fecha únicamente 26 entidades cuentan con algún mecanismo de control, pues Chiapas, Chihuahua, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán carecen de normatividad en la materia.

En contraste, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco incluyeron, tanto en sus leyes estatales de educación como de salud, un marco jurídico para regular, prohibir y desmotivar el consumo de productos de bajo valor nutricional en planteles de prescolar, primaria y secundaria.

En lo que respecta a las entidades que han aprobado ordenamientos secundarios, Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Veracruz no han aprobado modificaciones en sus marcos normativos en materia de educación y salud para combatir el consumo de productos chatarra en las escuelas, al aplicar sólo reglamentos, circulares o lineamientos.

Al respecto, expertos en derecho constitucional afirmaron que la Carta Magna establece facultades al Congreso de la Unión, en su artículo 73, fracción 25, para dictar leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, estados y municipios el ejercicio de la función educativa, es decir, le otorga el poder para establecer reglas de aplicación obligatoria en todo el país.

Elisur Arteaga, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en derecho constitucional, destacó que el gobierno federal tiene un marco legal que le permite incidir en las reglas que se tendrán que acatar en todas las escuelas del país, aunque la venta al menudeo fuera de las escuelas es un tema estrictamente local.

Miguel Ángel Eraña, abogado constitucionalista de la Universidad Iberoamericana, enfatizó que tanto la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Ley General de Educación, y los gobiernos de cada entidad, con las leyes estatales de Educación, cuentan con instrumentos jurídicos muy claros para regular, sin necesidad de aplicar nuevos lineamientos, la venta de comida chatarra en las escuelas, pues claramente se especifica que los planteles educativos no son centros de actividad comercial ni se puede realizar propaganda de ningún producto de consumo.

La falta de voluntad política, agregó, es lo que ha impendido que se controle qué se vende, quién y adónde va a parar ese beneficio económico, pues durante décadas se ha dejado que directores, inspectores y jefes de sector controlen las cooperativas escolares, a pesar de que existe una normatividad muy clara que responsabiliza a las autoridades educativas sobre el control de cualquier actividad de comercio dentro de un plantel escolar.