El Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañado por la omisión del Acción Nacional en la Cámara de Diputados, rechazó los argumentos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) en favor de la controversia constitucional que debería promoverse desde la mesa directiva contra las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2010.

Paralelamente, en la sesión celebrada ayer en San Lázaro, el diputado priísta Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa de reformas al artículo 69 de la Constitución con la finalidad de obligar al presidente a presentarse en la sesión de apertura del primer periodo ordinario de cada año para entregar por escrito su Informe del estado general que guarde la administración pública del país.

Para ello es necesario elevar a rango constitucional disposiciones ya previstas en la Ley Orgánica del Congreso General y en el reglamento interior del citado órgano, relativas al discurso que pronuncia el Ejecutivo en la presentación del Informe, mismo que será presentado en términos generales por quien presida el Congreso.

Antes, la Junta de Coordinación Política presentó la propuesta de debate pactado en relación con el caso de la iniciativa del diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, para interponer una controversia constitucional y fue éste quien expuso la razón del equívoco promovido por el PRI y respaldado por la omisión panista: “El impedir que se presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte por parte de esta Cámara, hace imposible que la Corte defina el alcance de la contratación privada que desarrollará Pemex y los organismos subsidiarios. Simplemente por eso hubiese sido conveniente presentar la controversia para que la Corte definiera cuál es el alcance de los contratos que puede celebrar Pemex y los organismos subsidiarios de ese organismo descentralizado. Las contrataciones que indican las disposiciones administrativas publicadas el 6 de enero en el Diario Oficial, van a implicar compartir la renta petrolera con las grandes empresas petroleras del mundo.”

En un tono de desaprobación, el perredista Víctor Castro Cosío denunció la violación reiterada a los postulados de la Constitución. Diputadas y diputados, es momento hoy de evitar de nuevo que se violente la Constitución. No es posible que un reglamento de carácter secundario, ni siquiera la ley reglamentaria, viole la Constitución. No es posible que el petróleo vuelva a ser entregado al extranjero a través de estas medidas violatorias.

Enseguida, Laura Itzel Castillo responsabilizó al coordinador del PRI en San Lázaro, Francisco Rojas, de prevaricato (incumplimiento de su labor pública), “¿por qué? Porque mientras que por un lado está señalando que el Congreso, que esta Cámara de Diputados ganó la controversia constitucional sin haberla interpuesto; por otro, está defendiendo directamente los intereses de las empresas trasnacionales en este jugoso negocio. Pero no podría haber corrupción en el PAN si no estuviera ésta bien avalada, bien apuntalada por el PRI.

A pesar de que entre los priístas se había acordado no participar en los posicionamientos, la alusión a Francisco Rojas –su coordinador– le llevó a éste a solicitar una intervención en contra de la propuesta de controversia. Adujo que el PRI ha sido y es congruente con la defensa de la Constitución y de sus principios, sin que la de ayer fuera la excepción, y emitió su versión de los hechos con un mea culpa.

Por supuesto que había elementos para presentar una controversia constitucional y en ese sentido expresamos el absoluto respeto al legislador y al partido que planteó la posible controversia. Sin embargo, Pemex hizo gestiones directas, en las que se comprometió a modificar la redacción de todas las normas controvertidas, esto ya ocurrió. Son las mismas personas que componen en su mayoría el consejo de administración de Pemex y se está sólo en espera de que éste sesione para evitar cualquier riesgo de violación a la Constitución, en estas normas administrativas, que es el caso que nos ocupa.