Las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Senado apoyan la revisión del fuero constitucional para legisladores y funcionarios públicos que cometan delitos de tipo penal, aunque sus propuestas son diferentes, el tricolor presentó ayer una iniciativa para reformar los artículos 110, 111 y 112 constitucionales, con la finalidad de no se pierda el fuero, sino hasta que se demuestre la culpabilidad, con el objetivo de evitar presiones políticas.

En contraparte, el coordinador de los senadores del blanquiazul, Gustavo Madero, se pronunció porque se elimine el fuero en definitiva a los legisladores y funcionarios públicos cuando cometan delitos de tipo penal, y adelantó que el próximo jueves presentará una iniciativa al respecto.

Como parte de su propuesta de reforma política, el PRI presentó una iniciativa para modificar el fuero constitucional, en la que destaca que se debe avanzar hacia un sistema que permita tomar en cuenta solamente argumentos jurídicos y no políticos al momento de quitar el fuero a un alto funcionario.

Los senadores del tricolor plantean dar atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean los jueces del máximo tribunal quienes decidan si existen elementos suficientes para abrir proceso penal contra una persona que tiene fuero.

En su iniciativa el PRI subraya que debe modificarse el fuero constitucional de funcionarios públicos y legisladores, porque es inaceptable el nivel de impunidad de 98 por ciento en los delitos cometidos, y la opinión pública percibe que esa impunidad también se da en el caso de los legisladores y servidores públicos, que pudieran verse involucrados en la comisión de hechos ilícitos.

Sostienen los priístas que por el comportamiento de algunos funcionarios o legisladores, por los excesos o abusos de esa inmunidad, actualmente (el fuero) se encuentra en franco desprestigio. Esta garantía no está pensada como una garantía de impunidad personal.

Proponen eliminar el juicio político cuando se trate de secretarios de Estado, así como de los titulares de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, los organismos encargados de la inteligencia y la seguridad nacional, ya que en su caso se contempla el proceso de moción de censura indicado en el artículo 93 constitucional.