El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, calificó como irrefutable el avance de los partidos políticos en materia de transparencia, ya que de las 214 solicitudes de información requeridas a éstos en el año electoral 2009, se respondieron en forma positiva 81 por ciento, contra 37 por ciento de 2008.

Al presentar el Informe de actividades en materia de transparencia y acceso a la información pública de ese organismo electoral, en la sede del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Valdés destacó que en 2009 más de una tercera parte de los requerimientos de información al IFE se relacionaron con los partidos.

Así, los requerimientos de información a los partidos pasaron de 97 a 124 en un año. Se trata de un crecimiento de 120 por ciento.

El total de solicitudes en 2009, sin considerar las peticiones de acceso a datos personales, dijo, pasaron a 2 mil 499, cifra que significa un crecimiento de 164 por ciento respecto a 2008 y de 28 por ciento con relación a 2006, año de elecciones presidenciales en que hubo mil 945 solicitudes de información.

Ante la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, y funcionarios de ambos organismos, Valdés citó como ejemplo de transparencia en el IFE el proceso de organización de las elecciones. Actualmente están a la vista de la ciudadanía y de los partidos políticos los procedimientos que llevamos a cabo para emitir la credencial para votar con fotografía, integrar casillas, realizar cómputos y recuento de votos que brindan seguridad y certeza a los resultados electorales.

Con esos avances, sostuvo, hay que reconocer que la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas nos han proyectado a una etapa de institucionalidad democrática que no tolera la opacidad, el patrimonialismo y la discrecionalidad de la gestión pública.

No obstante, admitió que aún falta consolidar un esquema de acceso a la información pública que se genere desde la autonomía de los organismos que tienen la responsabilidad del ejercicio de ese derecho.

En su oportunidad, Peschard destacó que ambos organismos se deben a la ciudadanía y están ajenos a todo patrimonialismo ideológico o partidista, y destacó que cualquier intento dirigido a conculcar las responsabilidades legales reconocidas en esas instituciones públicas autónomas, es un retroceso en los logros democráticos del país.