La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, la aplicación de medidas cautelares para proteger a varias familias evangélicas de los municipios de Huixtán, Zinacantán y San Cristóbal de las Casas, agraviadas por autoridades ejidales y municipales. En un comunicado, la CNDH indicó que las víctimas de intolerancia religiosa han sido obligadas a huir por estar en peligro su integridad física.