De 2006 a la fecha han muerto poco más de 100 mineros (incluidos los 65 de Pasta de Conchos) en operaciones de extracción de carbón y actividades vinculadas.

Además, hubo 91 nuevos heridos, como consecuencia de las pésimas condiciones de higiene y seguridad en este sector, advirtió la organización Familia Pasta de Conchos, en su informe con motivo de los cuatro años del accidente en esa unidad.

Ante ello, los grupos que participan en este colectivo –el Equipo Nacional de Pastoral Laboral y organismos defensores de los derechos humanos, entre otros– exigieron la dimisión del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano.

En tanto, una comisión de familiares de los mineros muertos, espera respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que solicitó su intervención el pasado martes, durante una visita a la sede del organismo, en Washington.

María Trinidad Cantú Cortés, madre de Raúl Villasana, uno de los 65 mineros de Pasta de Conchos (63 cuerpos permanecen sepultados allí), comentó que continuarán en la lucha para exigir el rescate.

“Hemos visitado todas las instancias gubernamentales de México, donde nos topamos siempre con el desprecio. Por eso fuimos a la CIDH el pasado 16 de febrero.

Sin embargo, la esperanza es lo que me alienta a seguir para recuperar los restos de mi hijo y de sus compañeros. Ya son cuatro años; me mueve el amor de madre a seguir esta lucha, expresó.

En el cuarto informe, titulado Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias, se advierte que los siniestros y la intocable evidencia de centros de trabajo sin la debida seguridad a los mineros siguen cobrando víctimas y produciendo, a la par de la extracción del carbón, más viudas y huérfanos.

Se trata –agrega el documento– de un cuadro sistemático de irregularidades, como señaló en marzo pasado la Organización Internacional del Trabajo. El texto describe los casos de Mina Lulú, donde fallecieron, en agosto pasado, los mineros Alfredo Ríos, de 32 años, y Rogelio Soto (45), originarios de Múzquiz, Coahuila, y del Pocito Ferber, el 11 de septiebre de 2009, que cobró la vida de Juan Ramón Flores (23).

Exigieron que el Congreso cite a comparecer al secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, por tolerar minas clandestinas.

La convicción de las irregularidades en la operación de minas es compartida, señalaron, por 253 familiares directos de 28 mineros, cuyos restos aún yacen dentro de Pasta de Conchos. Por ello, acudieron a la CIDH para solicitar que este organismo recomiende al Estado mexicano continuar con la recuperación de los cuerpos tras la explosión en Pasta de Conchos y, en especial, se identifique y sancione a los responsables.

Además, solicitan la reparación del daño integral causado por las violaciones denunciadas y se garantice que un hecho como el señalado no vuelva a ocurrir.

Como en 1810 y 1910, cuando las condiciones inhumanas de trabajo en la minería mexicana abonaron a una crisis general y al reclamo popular por la equidad y justicia, en este 2010 surge impetuoso, del socavón y de los tajos abiertos, el clamor por el respeto a los derechos históricamente conquistados por el pueblo trabajador.

A esta lucha, se unen los reclamos para obtener justicia en los casos de Acteal, Atenco, guardería ABC, Sindicato Mexicano de Electricistas, sección 65 de Cananea y Ciudad Juárez, entre otros.