Un Estado debe ser cuidadoso en aplicar todas las medidas que la ley le proporciona para combatir la delincuencia, principalmente cuando se trata de grupos organizados, a fin de preservar el estado de derecho, pero ninguna estrategia (anticrimen) se justifica si no incluye políticas públicas de prevención del delito y de aplicación de programas sociales, donde el respeto a los derechos fundamentales del hombre sea el punto de equilibrio, sostuvo ayer Baltazar Vilches Hinojosa, secretario de Seguridad Pública del estado de Guanajuato.

Al ofrecer una conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de México, el funcionario anunció que desde el pasado 12 de febrero fue designado por sus homólogos de otras seis entidades coordinador de la región occidente de secretarios de seguridad pública estatales, y en ese contexto anunció los objetivos a seguir en los próximos meses.

Esa región está integrada por los estados de Michoacán, Querétaro, Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes y Guanajuato. La mayoría de estas entidades padecen problemas graves de delincuencia organizada.

Faltan operatividad y capacitación policiaca

Vilches Hinojosa destacó que la operatividad y capacitación de los cuerpos policiacos son fundamentales en el buen desarrollo de la seguridad pública de los estados, además de que es necesario realizar un eficiente diagnóstico de la región para que la prevención sea una herramienta medular en el combate a la criminalidad.

Expuso que los grupos criminales han diversificado los delitos que cometen en cada entidad, al pasar del narcotráfico al secuestro y a la extorsión ciudadana, y agregó que, en materia de narcomenudeo, en la región occidente ya comenzamos a localizar los puntos de venta y a detener a los distribuidores de drogas que ahí operan, como parte de nuestra colaboración con el gobierno federal.

Vilches Hinojosa destacó que urge una reforma legal que dé facultades a las secretarías de seguridad pública estatales para investigar delitos relacionados con el lavado de activos de los grupos criminales, ya que actualmente eso es facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Es ahí (en el lavado de dinero) donde los grupos de la delincuencia organizada encuentran su punto de poder, pues multiplican sus ganancias y eso repercute en poder de corrupción y compra de armas; desafortunadamente –insistió– eso no es de nuestra competencia investigarlo”, puntualizó el funcionario.