El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados solicitó ayer, en la junta de coordinación política, un plazo de 24 horas para analizar la viabilidad de interponer una controversia constitucional en contra de las disposiciones administrativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que permiten a la iniciativa privada participar en todas las etapas de la cadena de producción petrolera en el país.

Diputados explicaron que el plazo para interponer el recurso vence el jueves, y que en la reunión de ayer el coordinador Francisco Rojas solicitó ese periodo para procesar la decisión en la plenaria de hoy.

Los representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), que impulsan la controversia, aceptaron la solicitud a condición de la promesa de que al concluir la sesión ordinaria de este martes la junta de coordinación política vuelva a reunirse y tome una decisión.

Desde la semana pasada la junta de coordinación decidió asumir el punto de acuerdo presentado por el diputado petista Jaime Cárdenas Gracia, en el sentido de controvertir las disposiciones administrativas publicadas el 6 de enero pasado en el Diario Oficial de la Federación, que permiten otorgar contratos a particulares para la explotación de petróleo.

El proyecto del legislador destaca que con esas disposiciones el consejo de administración de Pemex invade facultades del Legislativo en materia de regulación de hidrocarburos, al abrir a trasnacionales todas las etapas de la cadena industrial de explotación de petróleo.

Cárdenas Gracia ha planteado que la Constitución prohíbe terminantemente que en la explotación del petróleo e hidrocarburos se otorguen concesiones o contratos a particulares.

Subraya que en las disposiciones tomadas por Pemex en diciembre pasado queda diluido el principio de rectoría del Estado, pues se pretende abrir la puerta a la celebración de contratos con particulares para la explotación de petróleo.

Refiere que el acuerdo del consejo de administración permite que las actividades de exploración y explotación de crudo son susceptibles de contratación con terceros, quienes serán remunerados conforme a parámetros vinculados al volumen de la producción o a un precio por unidad convenida.

Las DAC promueven la transparencia y son constitucionales, dicen consejeros profesionales

Israel Rodríguez

Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos (Pemex) abogaron por la legalidad y el estricto apego a los preceptos constitucionales de los nuevos esquemas de contratación de empresas petroleras internacionales por cuenta de la petrolera mexicana, ante la controversia constitucional que se presenta esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados.

En tanto, Alfonso Hickman Sandoval, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), aseguró que las disposiciones para contratar compañías petroleras extranjeras para realizar trabajos de exploración y producción, publicadas el 6 de enero de 2010 y emanadas de la reforma energética aprobada en noviembre de 2008, son sistemas de contratación encubiertos porque se trata, dijo, de verdaderos esquemas de inversión en áreas aún reservadas al Estado por preceptos constitucionales.

Por el contrario, Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Pemex, aseguró que los nuevos esquemas de contratación conocidos oficialmente como Disposiciones administrativas de contratación de adquisiciones, arren- damientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Pemex y de sus organismos subsidiarios (DAC), consideran plenamente los principios constitucionales, no permiten compartir la renta petrolera, logran la autonomía de gestión en materia contractual y preservan la rectoría del Estado en materia de refinación, además de que promueven la transparencia.

Ruiz Alarcon, explicó que los DAC permiten revisar contrato por contrato a través del Comité de auditoría y evaluación del desempeño, para verificar el pleno cumplimiento del marco legal y constitucional.

Expresó que la controversia pretende impugnar la reforma energética de 2008 a través de las DAC, lo cual es improcedente. “La propuesta –de controversia– supone que el marco legal en materia de hidrocarburos, aprobado por el Congreso de la Unión en noviembre de 2008, es inconstitucional, y por lo tanto cualquier acto derivado de la misma, concluye el promovente, es inconstitucional también”.

Sin embargo, posteriormente a la aprobación, publicación y entrada en vigor de todas las leyes en materia de hidrocarburos, éstas no fueron controvertidas en tiempo y forma. Por ello pretender ahora revertir los alcances de la reforma energética de 2008, vía la controversia de las DAC, resulta no sólo un despropósito, sino que es totalmente improcedente, aseguró Fluvio Ruiz.

Por su parte, Carlos Huerta Durán, actual asesor del consejo de administración de Pemex, rechazó que las nuevas disposiciones administrativas para la contratación de Pemex sean ilegales. Resulta un exceso pretender que con las DAC se abre la puerta a la celebración de contratos con particulares para la explotación de petróleo, toda vez que el objeto de las mismas es reglamentar los procedimientos de contratación de adquisiciones, para lo cual sus artículos 3 y 80 se refieren a la debida observancia de lo ordenado por los artículos 25, 27, 28 y 134 constitucionales.

Sin embargo, Hickman, experto en temas energéticos y miembro del CNEE, aseguró que las petroleras trasnacionales participaron en el diseño de los nuevos contratos, como confesó sin el menor rubor el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, después de acudir al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, al señalar que las compañías petroleras internacionales habían felicitado a Pemex por su apertura.

En ese mismo encuentro, el Ejecutivo federal, Felipe Calderón, realizó reuniones privadas con directivos de empresas extranjeras y mexicanas. Ante Tony Hayward, Peter Voser, Margaret Ovrum, Thierry Desmarest y Roberto Poli, directivos de las petroleras internacionales British Petroleum, la holandesa Royal Dutch Shell, la noruega Statoil, la francesa Total y la italiana ENI, respectivamente, detalló las facilidades para participar en Pemex mediante diversos modelos de contratos, y prometió que permitirían la inversión de los principales jugadores de la industria petrolera, denunció el CNEE.