El sindicato minero alertó ayer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) autorizó y dio intervención al Ejército Mexicano para que entre a la mina de Cananea, arguyendo una supuesta presencia de explosivos en la misma, lo cual, según los abogados del gremio, Marco Antonio del Toro y Néstor de Buen, es sólo un burdo pretexto para violentar por la vía de la fuerza militar, una huelga legalmente existente y que tiene más de dos años y medio de lucha.

Del Toro explicó que la autorización para que entre el Ejército a la mina se da en la víspera de que este jueves el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo resuelva el amparo directo en contra de la terminación de las relaciones laborales entre los mineros de Cananea y la empresa de Grupo México. Tanto este abogado como De Buen alertaron en conferencia de prensa que la acción se podría tratar de una trampa, una treta del gobierno federal y el consorcio para tomar el control de la mina.

Javier Zúñiga García, secretario del trabajo de este sindicato y representantes de diversas carteras de la organización, sostuvieron que los trabajadores no van a permitir la entrada del Ejército a la mina de ninguna manera. Aseguraron estar dispuestos a todo por defender su derecho a huelga y que no quieren llegar al extremo de que se implemente la ley del garrote. Responsabilizaron al gobierno federal y a los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de los hechos de violencia que esto pudiera generar, y de que se pudiera poner en riesgo la vida de los mineros.

Al respecto, el dirigente sindical en Cananea, Sergio Tolano, confirmó que ayer mismo se presentaron a las oficinas del sindicato un grupo de elementos del Ejército, quienes buscaban realizar una inspección a la mina, por la presunta presencia de explosivos, los cuales querían retirar, por lo que se procedió a reforzar las guardias en las principales puertas de acceso a la mina.

Tolano Lizárraga, responsabilizó al presidente Felipe Calderón Hinojosa de un posible estallido social en Cananea, el cual se presentaría en el caso de que las autoridades recurran a un nuevo desalojo violento, como el efectuado el 11 de enero de 2008 y dijo que trascendió en ese municipio, que este miércoles decenas de cuartos de hotel fueron reservados por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), lo que podría estar relacionado con un intento de desalojo de la mina.

El abogado laboralista Néstor de Buen apuntó que curiosamente dos años y medio después de que inició la huelga se acuerdan que hay 587 mil kilogramos de nitrato de amonio y 66 mil de otros materiales explosivos, y expuso que incluso la autorización al Ejército es para que entre el tercer regimiento de caballería motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional y no expertos en explosivos.

También informó que ya se entregó a la JFCA un escrito en el que se señala que en todo caso, un grupo de cuatro o cinco militares pueden entrar a la mina a verificar si hay estos materiales, pero no más, porque no se va a permitir que se violente el derecho de huelga.

Respecto del amparo contra la terminación de las relaciones laborales en Cananea, señaló que es totalmente ilegal que se abra un proceso de esta naturaleza cuando hay una huelga. Es sólo una maniobra de la empresa para hacer a un lado a todos los mineros y quitar de en medio al sindicato y reabrir la mina con otro personal y otro contrato.

Por su parte, Del Toro planteó que a la par de estas acciones hay otra más, ya que se desempolvaron demandas legales contra el dirigente de la sección 65, Sergio Tolano, y hay una orden de presentación del mismo, lo que evidencia que se trata de todo una maniobra para acabar con esta huelga. Seguramente tratarán que el Ejército entre a las instalaciones y las controle antes de que el colegiado resuelva, lo cual es un error y un exceso gubernamental que podría llegar a consecuencias graves.

Hizo ver que de concretarse esto, el sindicato recurrirá a instancias internacionales –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– a presentar una denuncia contra el gobierno.

Por su parte, el líder de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, Martín Rodríguez Piedra, presente en la rueda de prensa, apuntó que los mineros de Michoacán paralizarán el puerto de inmediato, si hay una resolución en los tribunales en contra de los trabajadores de Cananea, y también iniciarían una huelga por solidaridad.