La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Esthela Damián Peralta (PRD), presentará en la sesión de hoy una iniciativa para quitar a la Comisión de Presupuesto la facultad de dictaminar las cuentas públicas del gobierno federal, ante el rezago de la sanción al gasto desde el segundo año de gobierno de Vicente Fox.

La iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización también busca la inspección de los recursos que ejercen los partidos políticos, sindicatos, los entes autónomos y cualquier persona jurídica que reciba y maneje recursos derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En conferencia de prensa, la legisladora perredista dijo que la Cámara de Diputados ha mostrado una actitud pasiva, omisa e indiferente ante el rezago en el dictamen de las cuentas públicas de 2002 a 2007, y ha desacatado el orden jurídico, la ética y el deber.

La comisión más indicada

La iniciativa plantea que debe ser la Comisión de Vigilancia la encargada de dictaminar las cuentas públicas, con el argumento de que al llevar a cabo el análisis del resultado de la revisión de la ASF, ninguna podría ser más indicada para efectuar esta labor tan importante.

Resaltó que la Comisión de Presupuesto enfrenta una carga de trabajo por las iniciativas que le son turnadas, además de revisar el proyecto de PEF y presentar un dictamen del gasto al pleno camaral. Por ello, dijo, ha demostrado insuficiencia en el desahogo de los asuntos que le son encomendados. Y por la naturaleza de sus funciones es necesario que se le libere de la obligación de presentar el dictamen de la cuenta pública.

La iniciativa incluye una reforma al artículo segundo de la ley para incrementar el catálogo de entes públicos sometidos a revisión, y que se considere sujetos de fiscalización a todos aquellos que manejen recursos federales.

En su exposición de motivos, Damián Peralta argumentó que la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser los principios rectores en el manejo del presupuesto, y no hay lugar para que entidades de interés público u organizaciones estén excluidas de esos preceptos; nadie que maneje recursos públicos debe subsistir en la opacidad.

Dijo que se considera incluir a los partidos, porque sus finanzas deben ser inobjetables, porque de ellos surgen gobernantes y representantes populares cuyos intereses deben ser los de la nación y no los de grupo.

En el caso de los sindicatos, planteó que se busca que los recursos entregados por la Federación se manejen en favor de los intereses de quienes representan, para así eliminar la corrupción.