Frente a niveles de abstencionismo electoral cercanos a 40 por ciento, partidos políticos patrimonialistas que carecen de mecanismos democráticos y con dificultades para convocar a toda la ciudadanía a participar en América Latina, las candidaturas independientes abren mayores cauces democráticos. “Los problemas de la democracia –sostiene Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial independiente en Chile– se resuelven con más democracia.”

Convencido de la importancia de los partidos políticos en un sistema democrático, Enríquez Ominami es también un crítico de sus esquemas, que asfixian el debate interno y proyectos alternativos. A pesar de su relevancia no pueden tener el monopolio de los debates de la política y de las ideas. Se requiere dar cauces democráticos para las expresiones diversas dentro y fuera de los partidos.

El ex militante de Partido Socialista –con el que rompió para postularse candidato, inconforme con el procesamiento de la adopción de programas y designación de candidatos–, Enríquez Ominami asume que la candidatura independiente es complicada pero no imposible en Chile (donde obtuvo alrededor de 20 por ciento de votos en la primera vuelta), aunque en México, con la legislación actual, definitivamente no se puede.

Entrevistado por La Jornada durante su visita a México para participar en foros sobre reforma política, el ex candidato presidencial rechaza que una candidatura independiente pueda abrir la posibilidad de financiamiento ilícito a aspirantes. Eso parte de la premisa falsa de que los partidos políticos no están expuestos a corrupción y financiamiento ilícito en sus campanas, asegura.

Soy un convencido de que todo ciudadano debe tener el derecho a ser votado, que los partidos no deben tener monopolio, pero también creo que los partidos son muy importantes para la democracia. No soy un anarquista ni un enemigo de los partidos, pero como los conocemos ahora se han orientado a un objetivo de administrar patrimonio y han dejado de ser partidos deliberantes.

–Se argumenta que las candidaturas independientes debilitan el sistema de partidos.

–Al contrario, todas las expresiones de votos nulos y blancos, del abstencionismo, se pueden transformar en un voto que se adhiera a otras alternativas. (…) En mi caso no fue un proyecto solamente de rebeldía, sino de construcción programática, de confrontar los silencios de la democracia.

Marco Enríquez Ominami obtuvo 20 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, en 2009Foto Notimex

–¿Qué debería involucrar una legislación en materia de candidaturas independientes?

–Su discusión no puede ser aislada, debe complementarse con otros cambios legales: una legislación sobre partidos políticos que permita transparencia de sus esquemas de financiamiento, de sus procesos internos; cambios en la ley electoral que regule padrones, financiamiento; reformas al equilibrio de poderes. No se puede pensar solamente de forma aislada.

No se pretende terminar con el sistema de partidos sino que es una adición. Es un hecho que cuando hay 40 por ciento de abstención hay una crisis, porque los partidos no le están hablando al conjunto de los ciudadanos. Se trata de que la democracia sea perfeccionada.

–¿Qué tan difícil es enfrentar las estructuras partidistas?

–Es muy difícil, pero si uno logra traspasar lógicas patrimoniales hacia lógicas programáticas, y pone por delante convicción y no los cálculos inmediatos, es perfectamente posible; los electores lo valoran mucho.

Subraya que su postulación se precipitó por la falta de mecanismos para dirimir las diferencias programáticas en el partido para concretar su candidatura tuvo que remontar la actuación de los partidos para impedir su registro. En Chile, la postulación independiente implica como requisito previo obtener firmas equivalentes a 0.5 por ciento del padrón registradas ante notario.

A diferencia de México, donde estas candidaturas no están permitidas, en Chile hay una legislación que la permite, no la favorece, en dos sentidos: un esquema de financiamiento que retribuye, pocos meses después de concluido el proceso, dinero en función de los votos obtenidos –alrededor de un dólar por voto–, y el acceso a los medios de comunicación de manera igualitaria un mes antes de la elección, merced a una reforma legal aprobaba aún bajo la influencia de Augusto Pinochet.