La dirección nacional del PRD acusó a Felipe Calderón Hinojosa de haber utilizado la estrategia gubernamental contra el crimen organizado para generar una imagen negativa del sol azteca en ciertos estados, como Michoacán. Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, insistió en que la Procuraduría General de la República (PGR) presente disculpas públicas a los ex funcionarios michoacanos a quienes no se les comprobó vínculos con la delincuencia organizada.

Los perredistas adelantaron la determinación del Consejo Nacional en torno a los sucesos de violencia en Ciudad Juárez: se solicitará al Congreso de Chihuahua la desaparición de poderes.

Aragón dio cuenta de la incapacidad del gobierno federal para entregar resultados positivos a la sociedad en materia de combate a la delincuencia organizada.

Lo preocupante del caso han sido las posiciones que de manera personal el Presidente de la República, o a veces a través de su secretario de Gobernación, ha expresado al respecto. Hemos criticado duramente que el crimen organizado y la lucha contra éste se haya convertido en una bandera política del gobierno federal y que en el proceso electoral de 2009 haya llegado al extremo de utilizar este tema para generar una imagen negativa del Partido de la Revolución Democrática en estados como el de Michoacán, donde somos gobierno.

Sobre el particular, Clemente Ávila, secretario nacional de asuntos juveniles del CEN perredista, demandó a las autoridades federales no criminalizar al sector. “Reprobamos tajantemente que se pretenda culpar a las víctimas para exonerar de sus fallas a las autoridades… exigimos al gobierno federal un cambio de estrategia para combatir la delincuencia. ¡Exigimos la desaparición de poderes en Ciudad Juárez por la ineptitud de todas sus autoridades!”.

En el caso de la renuencia oficial a reconocer sus errores en los procesos ministeriales contra los funcionarios michoacanos excarcelados, la dirigencia del PRD refirió que siempre planteó que la construcción de delitos no podía ser la forma de actuar de las autoridades.

Y menos en un caso como en el que se estaba presentando de manera totalmente diferenciada a como se había hecho en otros estados de la República. Hasta hoy, ustedes han podido observar el grado de penetración que el crimen organizado tiene en el estado de Morelos y la forma diferenciada en la que el gobierno federal actuó con dos gobiernos constitucionalmente electos.

Pone de manifiesto que para la autoridad federal todos son culpables hasta que se demuestre su inocencia. Insistimos en que la Procuraduría General de la República debe presentar disculpas públicas a estos funcionarios”.