omo ya es tradición en este México lindo y querido, a la velocidad del rayo se practica el juego del peloteo cuando la ciudadanía protesta por decisiones federales que afectan a estados o municipios. Si los habitantes de una comunidad que se verá afectada por negocios privados promovidos por el gobierno nacional, y no tiene de otra más que recurrir a la que supuestamente es la autoridad que la representa, entonces de ésta sólo escuchan la frase mágica del ¿y yo por qué?.

Lo anterior resume la actitud de las autoridades federales y estatales en el caso de la mina Paredones Amarillos, en Baja California Sur, que ha movilizado a la sociedad de la entidad para rechazar que la empresa canadiense Vista Gold inicie la explotación, en plena Biosfera Sierra de la Laguna, de la concesión otorgada por la Secretaría de Economía y supuestamente avalada por la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ambas dependencias del gobierno federal), por mucho que su anuencia ponga en peligro a los habitantes de la zona.

Presto a jugar a la pelotita, el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, atendió así el reclamo ciudadano en contra de Vista Gold y su pretensión de explotar la mina Paredones Amarillos: que quede claro que no es responsabilidad nuestra, sino de la Semarnat; es responsabilidad de ella, y no del gobierno del estado, la autorización del proyecto, toda vez que la dependencia federal la que otorga esos permisos. En síntesis, ¿y yo por qué?, cuando está obligado a defender la causa ciudadana y encabezar decididamente un movimiento en contra de la pretensión destructora y contaminante del negocio privado de los canadienses promovido y avalado por el gobierno calderonista. Pero con el citado que quede claro, el supuesto perredista pintó su raya: si la ciudadanía sabe contar, pues que no cuente con él, y que si sabe protestar que lo haga donde quiera, menos en el palacio de gobierno de La Paz. La experiencia de la minera San Xavier, en San Luis Potosí, es clave para entender el juego del peloteo: el ex gobernador panista de la entidad, Marcelo de los Santos, siempre le echó la culpa al gobierno federal, mientras le servía la mesa al capital privado y lo defendía a capa y espada de la protesta ciudadana, mientras la Secretaría de Economía y la Semarnat fingieron demencia ante las irregularidades e ilegalidades de la empresa privada a quienes otorgaron las concesiones y se pasaron por el arco del triunfo a la ciudadanía.

En vía de mientras, lo que queda claro es que las autorizaciones mineras otorgadas al capital extranjero por el gobierno federal han crecido como la espuma: de acuerdo con cifras oficiales, de las 21 empresas foráneas dedicadas a estos menesteres y registradas en 1990, el inventario creció a 875 en junio de 2009, un avance superior a 4 mil por ciento. Tanto ha crecido, que el número (y las concesiones) de consorcios extranjeros en proyectos mineros está muy cerca de igualar al de empresas mexicanas (mil 90, al cierre del primer semestre del año pasado). Entre las empresas nacionales y extranjeras se reparten un pastel minero distribuido en 25 millones de hectáreas concesionadas.

Y en este contexto, mientras el gobierno mexicano pasivamente acepta la cancelación de visas canadienses a los mexicanos, los consorcios privados de allá barrenan el territorio de acá. Un reporte de la Secretaría de Economía, fechado en 2002, da cuenta de que en ese año se registraron 74 consorcios extranjeros operando 143 proyectos mineros (algunos de ellos en asociación con empresas mexicanas, como Peñoles, de Alberto Bailleres) en 24 estados de la República, aunque la mayoría de ellos localizados en Chihuahua (32 proyectos), Sonora (31), Durango (19), Zacatecas (13) y Sinaloa (12). Del total de empresas extranjeras, 52 de Canadá, 15 de Estados Unidos, tres de Australia, tres de Japón y uno de India. Alrededor de 90 por ciento de esos proyectos se relacionaban con polimetálicos y de este grupo más de la mitad correspondieron a oro y plata. El 10 por ciento restante a minerales de germanio, yeso, platino, paladio, sal, cobalto, amazonita, wulfenita, legandrita, ágata, wollastonita, molibdeno y tungsteno.

Para 2007, la misma Secretaría de Economía reportó 468 proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras con el fin de barrenar a la República mexicana; de ese total, 78 por ciento se entregaron a consorcios canadienses y el de ellos grueso fijó sus ojos en la explotación de minas de oro. Un par de años después, hasta junio de 2009, dicho número se elevó a 875, para explotar minas con metal áureo la mayoría.

A lo largo de los años, muchos de las concesiones mineras –para capital nacional o extranjero– otorgadas por el gobierno federal han sido rechazados por la ciudadanía, al constatar el peligro implícito para la población de la zona involucrada. Prácticamente ninguna queja ha sido atendida por el centro, menos por los gobiernos estatales y no se diga por los municipales. La población está a expensas de lo que decida una supuesta autoridad que sólo atienda las exigencias del gran capital.

El caso de Minera San Xavier es una verdadera vergüenza para los gobiernos federal y estatal (ambos panistas, coincidentemente, aunque los tricolores y los de amarillo y negro no cantan mal las rancheras), pero no aprenden: sordos, ciegos y mudos a los reclamos ciudadanos, insisten en repetir el agravio, pero ahora en Baja California Sur. Con gobiernos así, los mexicanos para qué quieren enemigos.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría sobre el tema: más allá de las cuestiones ecológicas, que son tal vez las de mayor importancia dada la irreversibilidad, me interesa los términos de esas concesiones, que se otorgan a cambio de migajas y tortillas duras. Una vez que la minera Vista Gold haya extraído todo ese oro, ¿legalmente a quién pertenece el oro? ¿A la minera? ¿Pueden insertarlo en el mercado libremente? De ser así, no sólo se permiten sus actividades a cambio de migajas, sino que, me parece, se viola la Constitución, pues ¿no acaso los minerales son propiedad de la nación? Si es como lo supongo, entonces el daño al país es triple: ecológico, económico y legal. Ecológico, porque arruinan el ecosistema; económico, porque para el país no es negocio por ningún lado; legal, porque se viola la Constitución. Y tal vez añadiría que también hay un daño moral, pues al permitir que vengan empresas a explotar y hacer uso de nuestros recursos es como suponer que somos tan incompetentes como para no ser capaces de hacerlo por nosotros mismos (José Guevara, [email protected]).

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