Ante los desplazamientos forzosos en Montes Azules, Chiapas, perpetrados por los gobiernos federal y estatal, y la amenaza inminente de nuevos desplazamientos a comunidades indígenas asentadas en esa parte de la selva Lacandona, diversas ONG emitieron una acción urgente dirigida a las autoridades.

Los organismos civiles sostienen que resulta falso que el desalojo forzoso y la política de reordenamiento territorial empren- didos en Montes Azules sean respetuosos de los derechos humanos; por el contrario, escudándose en ellos, el Estado mexicano promueve el despojo, la incertidumbre jurídica y afecta seriamente la posibilidad de las familias indígenas de forjarse un proyecto de vida digna.

Recuerdan que el 26 de enero, autoridades ambientales –estatales y federales– informaron que impulsan circuitos turísticos de la Ruta Maya que incluirán sitios certificados como turismo de naturaleza para una estrategia de desarrollo y conservación de la selva Lacandona. Además, se dio a conocer que próximamente serán desalojas las comunidades Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Pedro, 6 de Octubre, Poblado Laguna El Suspiro, Ojo de Agua el Progreso y San Jacinto Lacanjá.

El Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas demandan al gobierno indemnizar y reparar el daño ocasionado a las familias desplazadas, que se abstenga de ejecutar nuevos desalojos y modifique su política de regularización en las regiones indígenas de Chiapas, particularmente Montes Azules, de manera que procure justicia e igualdad frente a derechos e intereses enfrentados entre comunidades y organizaciones, procurando en todo momento el apego a la normatividad internacional en materia de derechos humanos.

Los días 21 y 22 de enero se realizaron dos operativos de expulsión en las comunidades Laguna El Suspiro y Laguna San Pedro (municipio oficial Ocosingo), esta última compuesta por bases de apoyo del EZLN. Fue una acción coordinada entre la policía especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de la República, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y representantes de dere- chos humanos del estado.

Según testimonios de las familias desplazadas de El Suspiro –el 21 de enero–, alrededor de las 11 horas llegaron entre tres y cinco helicópeteros, de los cuales bajaron 60 policías con uniformes de color negro o bien camuflajeados. Los policías sacaron de su casa de manera violenta a María Cortés Pérez y Magdalena García Cortés, para después subirlas forzosamente al helicóptero y trasladarlas a Palenque. El desalojo se realizó sin previo aviso, sin mostrar ningún documento oficial, sin ninguna explicación ni permitirles cargar pertenencia alguna. La mañana siguiente bajaron cuatro helicópteros en Laguna San Pedro. La comunidad fue rodeada por unos 250 policías, quienes arrastraron a los indígenas hasta un helicóptero.

En Palenque, las familias desplazadas fueron interrogadas por Marcos Minor Flores, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva, quien insitió en preguntarles dónde tenían la tierrita con siembra de droga. Al términar la diligencia, se obligó a los indígenas a firmar un documento sin conocer el contenido. No se les proporcionó traductor ni abogado defensor, añaden las ONG.

A su vez, organizaciones sociales de Ocosingo denunciaron en días pasados que también existen amenazas y persecución en Montes Azules contra las comunidades Nueva Galilea, Benito Juárez, Ojo de Agua La Pimienta y Chuncerro.