El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo con el fin de preguntar a Felipe Calderón los objetivos de la nueva estrategia contra la delincuencia organizada y, si existen resultados, cómo informará de éstos al Congreso.

En tribuna, el diputado César Augusto Santiago (PRI) lamentó que tres años después, con 19 mil muertos y miles de millones de pesos gastados, el titular del Ejecutivo haya reconocido públicamente que no basta la acción policiaca y militar contra el crimen.

Consideró que, ante el viraje, la Junta de Coordinación Política debe aprobar que la Cámara ejerza su facultad de pregunta parlamentaria para que Calderón explique cómo se enfrentará la delincuencia.

La declaración inicial de guerra y la estrategia no la consultó con nadie, y el despliegue publicitario de sus hazañas ha sido constante, aun cuando en el fondo el problema se agravó considerablemente. Por ello, el señalamiento presidencial debe tomarse como amenaza de nuevas acciones que, como las anteriores, pueden concluir en otro tremendo fracaso, afirmó.

Durante la sesión ordinaria de ayer, el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Humberto Benítez Treviño, presentó una iniciativa de ley general de protección de víctimas del delito, que pretende definir no sólo la figura de víctimas de secuestro, sino también de violación tumultuaria, de homicidio calificado, de trata de personas, de tráfico de inmigrantes y, en general, de la delincuencia organizada.

Explicó que se busca construir un sistema nacional de política de protección para las víctimas y los ofendidos, así como separar las definiciones de ambas figuras.

Distinguimos del ofendido, quien sufre el agravio del delito, y de la víctima; esto es, todos los familiares y dependientes, que sufren secuelas siquiátricas, sicológicas, económicas y sociales.

La propuesta, señaló, incluye integrar un banco nacional de datos de víctimas de los delitos para saber dónde y cómo debe atenderse a los agraviados. También plantea constituir un fondo nacional para la protección de víctimas de delitos e incorporar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las estatales en una conferencia nacional de protección de víctimas, que presidiría el titular de la primera.

El pleno camaral aprobó también un punto de acuerdo para que las secretarías de Gobernación y del Trabajo tomen las medidas preventivas que eviten un golpe de mano contra las huelgas de los mineros en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, y, en cambio, privilegien en todo momento las vías del diálogo y la legalidad.

Al argumentar en favor del exhorto, el diputado perredista Ramón Jiménez López dijo que las huelgas en esas tres minas se originan por las pésimas condiciones de seguridad que padecen los obreros y lo que se busca es evitar un accidente como el ocurrido en Pasta de Conchos, Coahuila.

Frente a estas huelgas no ha habido voluntad del gobierno federal para concluirlas por las vías del diálogo y la legalidad. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje las declaró inexistentes, en decisiones invalidadas por jueces de amparo, resaltó.

Asimismo, a propuesta del diputado priísta Benjamín Clariond, el pleno solicitó al gobierno federal que se desista del nombramiento de Zeferino Salgado Almaguer como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León, porque se trata de un personaje con antecedentes muy cuestionados y se cometerá un error: por presiones partidistas se removerá a un técnico probado para poner a alguien con fines de rentabilidad electoral.