La Central Campesina Independiente (CCI) denunciará ante organismos internacionales la persistente violación a los derechos humanos de los labriegos, pues se les sigue negando asistencia social y empleo digno.

En tanto, los integrantes del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) acordaron acudir al diálogo con la Secretaría de Gobernación en busca de un pacto nacional para el desarrollo del agro, pues el Acuerdo Nacional para el Campo ya quedó rebasado.

Rafael Galindo Jaime, dirigente de la CCI, comentó que la negociación con el gobierno no ha dado los resultados esperados, ya que 90 por ciento de la población rural carece de asistencia social y empleo. Advirtió que los campesinos no pueden seguir esperando una acción gubernamental para tener una política pública acorde con la realidad.

Si el presidente Felipe Calderón hace uso de los foros internacionales para debatir ideas y proponer soluciones a problemas globales, las organizaciones campesinas están en su derecho de denunciar a escala internacional las violaciones que en México se cometen contra el derecho de los ejidatarios y los indígenas a tener una vida digna.

Las agrupaciones campesinas del Movimiento por la soberanía nacional, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas están en su derecho de asistir a foros mundiales, como la Federación Internacional de Productores Agropecuarios y la Organización de Naciones Unidas, para promover la interlocución y el intercambio comercial equitativo.

Urge entrar a la globalización

Urge entrar al proceso de globalización como hacen los jefes de Estado. Las organizaciones campesinas deben estar en foros internacionales con temas prioritarios, como la pobreza, el desem- pleo y la violación a los derechos humanos.

Las organizaciones del Conorp acudirán al diálogo en Gobernación con el compromiso de que esta vez no nos den atole con el dedo; vamos a ser accesibles, pero demandamos flexibilidad en las reglas de operación de los programas para el campo y que no se obligue a los campesinos a darse de alta en la Secretaría de Hacienda para acceder a los recursos de los programas gubernamentales, dijo Miguel Luna Hernández, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas.

Consideró que antes de acudir a organismos internacionales hay que seguir exigiendo al gobierno respuestas a las demandas y propuestas de las organizaciones; las movilizaciones no se realizan por capricho, sino como una muestra de la inconformidad que hay en la sociedad rural, advirtió.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, especificó que la discusión girará en torno a la urgencia de cambiar la política agroalimentaria para terminar con la dependencia de las importaciones, generar empleo en las zonas rurales, aumentar el ingreso de las familias campesinas y discutir los mecanismos de aplicación del presupuesto para el agro, pues los recursos no llegan a los productores más pobres. La propuesta es establecer un consejo social que vigile anualmente el ejercicio del presupuesto.

Gerónimo Gutiérrez Fernández, subsecretario de Gobernación, propuso una reunión inicial entre los días 2 y 4 de este mes, y posteriormente instalar las mesas de trabajo en función de la temática acordada entre las partes, las cuales se llevarían a cabo en las dependencias correspondientes.

En un escrito dirigido al líder de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar, pidió que el Movimiento por la soberanía nacional defina un punto de contacto y coordinación para cada mesa y los participantes en ella. Propuso que para que el diálogo sea más eficiente, por cada grupo participe un máximo de ocho personas en cada mesa temática.