a construcción del México actual ha demandado durante muchos años del esfuerzo participativo de todos los mexicanos. Hoy tenemos una democracia en la que todos podemos expresarnos, participar, opinar y votar con libertad. Es momento de traducir esa democracia vibrante y plural en instituciones más eficaces, que faciliten la construcción de acuerdos para impulsar las decisiones y las reformas que requiere México.
Los procesos electorales y su regulación han estado sometidos a una revisión y evolución constantes. Quizá el mayor de los esfuerzos de los gobiernos, partidos y legisladores se ha centrado en la revisión de los temas electorales. Es mucho lo que se ha avanzado y mucho lo que falta por hacer para que la equidad caracterice todos los procesos electorales a satisfacción general de los votantes y partidos políticos. Sin embargo, la democracia no se agota en lo electoral. También requiere de un constante perfeccionamiento de las instituciones y los poderes, a fin de hacerlos cada vez más funcionales y útiles para resolver los problemas de los ciudadanos.
Si bien es cierto que, aun con imperfecciones e insuficiencias, los votos cuentan y se cuentan
, como era la aspiración de todos los que durante décadas luchamos por lograr la transición democrática en el país, todavía queda mucho por hacer para que la voluntad ciudadana esté debidamente representada en las decisiones democráticas, y que la democracia misma resulte útil y eficaz al ciudadano. Nuestra democracia aún está lejos de expresar y representar plenamente la voz y el sentir de los ciudadanos en decisiones de leyes y políticas públicas, así como de resolver aquellos problemas que sólo pueden atenderse a través de la participación política. Tenemos que pasar del sufragio efectivo
a la democracia efectiva
.
Precisamente con ese espíritu presenté al Congreso de la Unión, en diciembre pasado, una iniciativa de reforma política, que forma parte del decálogo de cambios de fondo para transformar a México que propuse a los mexicanos con motivo de mi tercer Informe de gobierno. La reforma propuesta tiene como punto de partida un hecho innegable: los ciudadanos están insatisfechos con la política y con los políticos.
A lo largo de los últimos años, y en particular durante el proceso electoral de 2009, la sociedad manifestó su descontento y frustración con la política de diversas maneras. Muchos ciudadanos optaron por abstenerse de votar o por anular su voto. Es claro que la ciudadanía exige nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes. Quiere gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas, que transparenten nítidamente su gasto y estén comprometidos con la gente. Los ciudadanos quieren ser escuchados y tomados en cuenta. Quieren participar de manera más activa en la construcción de un México más justo, más democrático y más representativo.
Los políticos no podemos ignorar esa exigencia ni prestar oídos sordos a tales reclamos y señalamientos. Tenemos que encontrar la forma de ampliar los canales de participación ciudadana en las decisiones colectivas. Política y ciudadanía están en México terriblemente disociadas. La paradoja es que, incluso en su raíz etimológica, política y ciudadanía tienen el mismo significado. Política deriva del griego polis y ciudadanía del latín civitas, y en ambos casos el significado es ciudad. El reto democrático en México es acercar la política a la ciudadanía y viceversa. Por eso, la iniciativa que he presentado al Congreso busca ampliar tanto las vías de participación ciudadana como los derechos políticos de los ciudadanos a través de diez propuestas.
Primero, la elección consecutiva de alcaldes y jefes delegacionales. Con ésta se fortalecerá la rendición de cuentas, ya que los alcaldes en busca de ser electos nuevamente tendrán que justificar a plenitud sus acciones ante los ciudadanos, quienes a través de su voto podrán premiar o castigar su desempeño. Es en el ámbito local donde el principio de elección consecutiva tiene un mayor beneficio para el ciudadano, ya que otorga a los votantes una forma efectiva de manifestar su desaprobación con gobernantes que no les han cumplido y de premiar a quienes han tenido una buena gestión. Tiene una ventaja adicional, que es permitir la formación de administraciones públicas municipales más estables y experimentadas, con capacidad de planeación y ejecución de largo plazo, desde obras de infraestructura hasta depuración y fortalecimiento de cuerpos policiacos. El límite propuesto es de doce años como máximo de permanencia en el cargo.
Segundo, la elección consecutiva de legisladores federales. Ésta permite a los ciudadanos decidir, con su voto, si los legisladores han actuado verdaderamente como sus auténticos representantes y en beneficio de la nación. Se fortalece así la capacidad ciudadana de vigilar, evaluar y castigar o premiar el trabajo de sus diputados y senadores, y crea un incentivo para que tengan que volver a su distrito
a rendir cuentas, quizá uno de los mayores reclamos populares. Si quieren ser electos nuevamente, deben explicar a los electores lo que hacen y convencerlos de que cumplen su trabajo y de que con ellos los ciudadanos están bien representados. En la elección consecutiva radica un verdadero poder del ciudadano: el dejar en sus manos no sólo si permanece o se retira de su cargo un diputado, un senador o un alcalde, sino inclusive si continúa o termina de una vez su carrera política. A la vez, eleva la profesionalización y el conocimiento de los temas que abordan los legisladores en beneficio de la sociedad. La propuesta también acota la elección consecutiva a 12 años como máximo.
Tercero, la reducción del número de integrantes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Esto permite atender dos demandas de la sociedad: mayor eficiencia en el trabajo legislativo y un uso más racional de los recursos públicos asignados a este poder, que ha sido uno de los mayores reclamos de la ciudadanía. Adicionalmente, propongo que en la elección de senadores sean los propios ciudadanos a la hora de votar, y no los partidos políticos, los que decidan el orden de prelación entre los candidatos de un partido para entrar a la Cámara de Senadores. Es decir, que en la boleta se pueda votar por los propios candidatos y no sólo por el partido que los postula.
Cuarto, la propuesta de aumentar el mínimo de votos necesarios para que un partido político conserve su registro y tenga acceso al financiamiento público. Esta propuesta garantiza que un partido tenga una base ciudadana suficiente, y evita la suplantación de éstos por siglas que carecen de sustento y que además reciben recursos públicos.
Quinto, la iniciativa ciudadana. Se trata de que los ciudadanos puedan incidir directamente en el proceso legislativo, ya que tendrán la facultad de proponer iniciativas de ley ante el Congreso sobre los temas que son de su interés. De esta manera, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos podrá ir más allá de la mera elección de autoridades, fortaleciendo el proceso democrático.
Sexto, candidaturas independientes. Se trata de que los ciudadanos también puedan participar como candidatos o apoyar a los candidatos de su preferencia si no les satisfacen los que postulan los partidos políticos, siempre y cuando tales candidaturas independientes tengan el apoyo ciudadano adecuado. Como ocurre en muchas democracias en el mundo, esto permitirá que en México se fortalezca la participación activa y directa de los ciudadanos en la política. En última instancia, la iniciativa busca que los partidos hagan un mayor esfuerzo por responder a las demandas de la gente, además de generar competencia entre los partidos políticos por postular a los mejores ciudadanos como candidatos.
Séptimo, segunda vuelta para la elección de presidente de la República. Así se asegura que resulte vencedora la opción que tenga el apoyo mayoritario de los ciudadanos. También es una ampliación de los derechos de los ciudadanos porque les da a éstos una segunda oportunidad para elegir presidente. En la primera vuelta, el ciudadano escoge al candidato de su preferencia, como ocurre hasta ahora. Pero si ese candidato no tenía viabilidad de triunfo por falta de apoyo del resto de los votantes, el elector tiene una nueva posibilidad de elegir entre los dos más fuertes, entre los dos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta, y en consecuencia volver a decidir entre quienes sí tenían posibilidades de ganar. En sistemas multipartidistas como el mexicano, la segunda vuelta permite un proceso más ordenado y sucesivo de opciones para el ciudadano, y evita situaciones de dispersión del voto en una elección tan importante. Por otra parte, al estar asociada la segunda vuelta presidencial con la elección de Congreso, aumenta la probabilidad de formación de mayorías y de grupos parlamentarios fuertes en el gobierno y en la oposición.
Octavo, los ciudadanos demandan un sistema de justicia más eficaz. Por eso, la reforma propone fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándole la atribución de presentar iniciativas de ley exclusivamente en el ámbito de su competencia. La Suprema Corte tendrá así mayor capacidad para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, en beneficio de todos los mexicanos.
Noveno, iniciativa preferente y referéndum. Con la iniciativa preferente se busca agilizar la respuesta del Congreso a las reformas que son más urgentes para la sociedad, porque si algo daña a los ciudadanos es la falta de decisión de su representación política. Se busca que el Ejecutivo pueda proponer hasta dos iniciativas cada año legislativo, al inicio del primer periodo ordinario de sesiones, de manera que estas iniciativas, de la mayor trascendencia para el país, necesariamente tengan que ser votadas, a favor o en contra, por el Congreso y no puedan ser enviadas a la llamada congeladora
. No se trata de imponer al Congreso una propuesta específica, sino de garantizar que cuando menos la discuta y la vote, en cualquier sentido, pero que decida. Así, el ciudadano podrá evaluar el sentido del voto de sus representantes y premiar o castigar a los partidos y a los leg
Décimo, los ciudadanos se beneficiarán de una relación más equilibrada y productiva entre los poderes de la Unión, derivado de la facultad del Ejecutivo federal para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto dará certeza al funcionamiento de las instituciones del Estado y evitará riesgos en la conducción de las finanzas públicas del país, en beneficio de todos los mexicanos. Se trata de que quienquiera que gobierne pueda oponerse no sólo a la totalidad de un proyecto de ley o presupuesto, como ocurre hasta ahora, sino a puntos específicos que puedan ser de enorme riesgo para el país y sin comprometer la vigencia del ejercicio fiscal correspondiente. Obviamente, si el Congreso insiste por la mayoría que establece en la Constitución, prevalece la opinión del Congreso.
En suma, esta iniciativa busca crear una nueva relación entre la sociedad y sus autoridades, entre los tres poderes de la Unión y entre los distintos órdenes de gobierno. En los próximos días, el Congreso de la Unión estará discutiendo y analizando de manera responsable éstas y otras propuestas. Por eso, es fundamental que los ciudadanos se sumen al debate sobre la iniciativa de reforma política; es imprescindible que la voz de la sociedad se exprese con claridad y contundencia.
Como toda iniciativa, la que hemos presentado es perfectible. Y por eso resulta muy positivo que diversos actores políticos, académicos y de la sociedad civil estén planteando algunas propuestas que enriquecen el debate. Todas ellas son bienvenidas, porque la iniciativa que hemos enviado al Congreso puede y debe mejorarse con el contraste plural de ideas y de proyectos.
Por eso, el gobierno federal ha estado convocando a la participación de los ciudadanos y sus organizaciones al debate sobre la reforma política y así lo seguirá haciendo durante las próximas semanas. Para la sociedad, la iniciativa de reforma política en favor de los ciudadanos representa la oportunidad de convertir la insatisfacción en participación. Ésta no puede ser una reforma elaborada, discutida y aprobada únicamente por los políticos, por los partidos y los gobernantes. Es imprescindible escuchar la voz de los ciudadanos, en especial porque se trata de ampliar sus derechos y espacios de participación política.
Por eso, invito a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos y especialistas, a los trabajadores, a los estudiantes, a los empresarios, a los activistas y a los militantes de todos los partidos políticos, a quienes participan en las llamadas redes sociales en Internet y a todos los ciudadanos a participar en la discusión de la reforma política en los diferentes foros de expresión y opinión que se están estableciendo.
Los ciudadanos son los verdaderos actores de la reforma política. En este Año de la Patria abramos a todos los ciudadanos el debate, impulsemos entre todos los cambios profundos que el país requiere. Pasemos del sufragio efectivo a la democracia efectiva. La reforma en favor de los ciudadanos busca ese propósito.
* Texto enviado por Presidencia de la República a La Jornada.
