Al respaldar plenamente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la PGR en contra de las reformas en el DF que permiten los matrimonios entre parejas del mismo sexo y el derecho de adopción, la arquidiócesis de México consideró que con esa acción se ha puesto el dedo en la llaga, debido a que ni hay discriminación a las personas del mismo sexo para establecer contratos de convivencia ni pueden arrogarse derechos que vulneren el de los más pequeños.

En el editorial de su semanario Desde la fe, expuso: más allá de ideologías y de derechos inexistentes, en el recurso de inconstitucionalidad no hay una cuestión de argumentos religiosos sino jurídicos.

No se trata de acuerdos con la Iglesia católica, sino con la legalidad; no se trata de imposición de ideologías, sino de razonamiento en el sentido común y en orden a los principios naturales y éticos de la humanidad y la convivencia social.

Mientras tanto, el nuncio apostólico, Christophe Pierre, consideró que los políticos de México deben privilegiar a la familia y no dejarse influir por grupos sociales que coaccionan para que se legislen los matrimonios entre homosexuales.

En una vista que realizó a la arquidiócesis de León, Guanajuato, el nuncio fue cuestionado sobre la polémica en torno a la legislación sobre los matrimonios gays, aprobada en el DF. “No podemos solamente actuar porque hay un grupo (comunidad homosexual) de coacción que dice ‘queremos ser como los demás’, bueno, hay que respetar a todos, ¡pero cuidado!”, dijo el religioso.

El matrimonio entre hombres y mujeres tiene un valor como institución, pues contribuye a construir a la sociedad y todos sabemos que nuestra sociedad vive una crisis de valores, afirmó el nuncio, acompañado del arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago.

La arquidiócesis de México señaló que el derecho de las personas del mismo sexo para unirse está salvaguardado desde 2006, bajo la figura jurídica de sociedades de convivencia, y que las recientes reformas al Código Civil local se apartan del fin constitucional de protección de la familia concebido por el Poder Constituyente Permanente en 1974.

El matrimonio y la familia no es un asunto de la Iglesia: existe desde siempre, muchos siglos antes de la Iglesia. La defensa de los derechos de los niños no debe estar a discusión, y la decisión libre de personas del mismo sexo para convivir en paz no debe confundirse con instituciones que tienen su propia característica y su propia finalidad.

En el texto pidió a la opinión pública no confundir el debate en una confrontación entre el Estado laico y las iglesias y valores religiosos.