Con votación dividida, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) logró aplicar, en beneficio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la sanción económica contra Televisión Azteca por 72 millones 386 mil 671 pesos. La empresa ha violado sistemáticamente la legislación y en 38 oportunidades recurrió al amparo contra las determinaciones del organismo.

A medianoche del viernes, el órgano colegiado resolvió conservar en el orden del día de su sesión extraordinaria el procedimiento de sanción por el reiterado incumplimiento de trasmitir espots en tiempos oficiales. Desobedecer el ordenamiento electoral acarreó a Televisión Azteca la sanción que hasta ahora es la más elevado para un medio de comunicación.

La decisión generó un amplio debate en el seno del Consejo General porque la víspera Ana Luisa Pliego Enríquez, juez décimo tercera de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, concedió un amparo a la televisora contra la cuantiosa multa.

El tema confrontó a cinco consejeros contra cuatro, siendo determinante el voto del presidente del órgano colegiado, Leonardo Valdés Zurita. Junto a éste se pronunciaron por dar entrada al debate, que derivó en la multa, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez. Del lado de quienes pretendían que el IFE asumiera sin réplica la determinación judicial, argumentando respeto a la legalidad, se manifestaron Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade y Francisco Guerrero.

Una vez que Marco Antonio Gómez presentó la propuesta para sacar del orden del día el procedimiento sancionatorio, Figueroa replicó con un argumento sencillo y de fondo: el amparo, que no es sentencia definitiva, fue remitido equivocadamente a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y al secretario técnico del Comité de Radio y Televisión del IFE, y no al Consejo General.

Además, estamos en realidad frente a un intento del posible sancionado el día de hoy de establecer un mecanismo diverso al previsto en nuestras leyes, al previsto en la Constitución.

A esa postura de sumó Arturo Sánchez, quien refirió que en el reglamento del Consejo General se ordena que los asuntos contenidos en el orden del día sean discutidos y, en su caso, votados, salvo cuando con base en consideraciones fundadas y previamente discutidas (que en ese momento no era el caso) los consejeros acuerden posponer la discusión o votación de algún asunto en particular.

Nacif aseveró en que suspender un procedimiento especializado sancionador es una cosa de enorme gravedad (...) Este Consejo General tiene la obligación de aplicar el Cofipe. Según el artículo tercero, y porque está sometido al principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución, el código electoral es una norma de orden público y la omisión de su aplicación, sin que exista un mandato judicial expreso, afecta los bienes jurídicos tutelados que el Cofipe protege.

En sentido contrario, Virgilio Andrade recordó que de 1996 a la fecha se ha dado un conjunto de situaciones y acontecimientos en que las materias de casos específicos rebasaron el ámbito electoral.

Marco Antonio Gómez –el promovente del retiro del procedimiento– confesó que no tenía mucho interés en participar, que aquello implicaría hacernos justicia por propia mano.

Tal aseveración recibió respuesta inmediata del senador perredista Pablo Gómez: haciendo abstracción de quien lo dijo, o sea, usted, ¡quiero decirle que decir eso es una ridiculez!, que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. ¿Qué es eso de justicia por propia mano? No hay nada de eso.

Para convencer a sus compañeros de la necesidad jurídica de mantener el procedimiento, Figueroa señaló que Televisión Azteca intenta vulnerar la legalidad.

Treinta y ocho juicios de amparo ha interpuesto Televisión Azteca contra esta autoridad; 26 de ellos han sido sobreseídos por jueces diversos. ¡No es nueva esta estrategia! Está presente desde el día en que los legisladores aprobaron la reforma constitucional en materia electoral. ¡Estamos, sí, frente a un intento más de esa televisora de pervertir el orden constitucional!