La Procuraduría General de la República (PGR) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en torno a los matrimonios entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten menores de edad.

Según la dependencia, la reforma contraviene el principio de legalidad, pues (...) se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebido expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.

La promoción de este recurso no impedirá la entrada en vigor en marzo próximo de las nuevas normas que se aplicarán en el DF, y sólo que la SCJN determine que son violatorias de las garantías consagradas en la Constitución general procederá la anulación del matrimonio entre personas de un mismo sexo y su derecho a adoptar, indicaron los abogados José Luis Nassar Daw y Alonso Aguilar Zinser, consultados al respecto, así como funcionarios de la PGR.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Ministerio Público Federal, luego de que organizaciones civiles de derecha, religiosas y representantes de diversas iglesias se manifestaran en contra de la reforma aprobada por la ALDF el 20 de diciembre de 2009.

El asunto será turnado a un ministro para que éste admita o rechace la demanda, lo cual se definirá a más tardar en dos o tres días.

Entre las organizaciones que demandaron de manera formal a la PGR que promoviera la acción de inconstitucionalidad estuvo el Colegio de Abogados Católicos de México; sin embargo, hubo intentos de legisladores del Distrito Federal de filiación panista que pretendieron interponer un recurso similar al de la procuraduría, pero no reunieron las firmas necesarias.

Mediante un comunicado de prensa, la PGR informó que el recurso de inconstitucionalidad fue promovido en torno de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, atendiendo a lo que establecen los artículos 4, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a consideración de esa dependencia, la reforma al artículo 146 del Código Civil capitalino contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.

Asimismo, indicó la dependencia, “la reforma parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia. Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia.

“La PGR considera que la reforma se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución federal y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos.

Todo lo anterior, con independencia de los conflictos jurídicos que la reforma genera en el resto de las entidades que conforman la República e, incluso, frente a la Federación, además de que trastoca el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia.

Elogian actuación del gobierno

La Arquidiócesis de México y el Colegio de Abogados Católicos elogiaron la decisión del gobierno federal de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra las reformas que legalizan los matrimonios gay y la posibilidad de adopción para estas parejas.

Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis, dijo que el gobierno actuó de manera responsable, ética y valiente al atender la petición de la Iglesia católica, evangélicos y agrupaciones de laicos.

Por separado, Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, señaló en entrevista que sigue en pie la realización de acciones de protesta contra las reformas de la ALDF.

Carolina Gómez Mena