La iniciativa de reforma política del presidente Felipe Calderón promueve la concentración del poder y su ejercicio irresponsable. Es un diseño para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos del poder, afirmó Diego Valadés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Abogado constitucionalista, Valadés puntualizó que al elevar el porcentaje requerido para conservar el registro de los partidos se estrecharían las opciones para los electores, además de que la propuesta para una segunda vuelta electoral demeritaría el sistema representativo y se correría el riesgo de trasladar las tensiones políticas de la asamblea a la calle.

Respecto de la reducción del número de senadores y diputados, el académico calificó de insensato que la propuesta se haya hecho a la ligera y dijo: “Suponer que nadie advertiría las trampas que encierra y exponer al país a una regresión autoritaria no abona en favor de la iniciativa presidencial.

¿Cómo se escogió la cifra mágica propuesta? ¿Por qué se estimó que es mejor reducir en 100 el número de diputados y no en 75 o 150? ¿Se hizo algún estudio que se mantiene en secreto, o no se hizo estudio alguno? Ambas cosas serían desconcertantes.

Al intervenir en el seminario para la reforma política que realiza el Senado, el ex procurador general de la República se refirió también a las candidaturas independientes, que aparentan ampliar los derechos de los ciudadanos.

“En realidad encubrirían las elevadas posibilidades de manipulación electoral, los recursos oscuros en las elecciones, la creciente intervención de los grupos con poder financiero… además de los candidatos de los partidos podría haberlos con el apoyo subrepticio de organizaciones delictivas, de gobiernos extranjeros o de caciques convertidos en grandes electores”, alertó.

Valadés aseveró además que la idea de que es conveniente debilitar a un órgano del Estado para vigorizar otro parte de una perspectiva errónea, tanto como lo es pasar por alto que el equilibrio de poderes sólo concierne al ámbito federal. La ausencia de un partido hegemónico nacional ha trasladado un enorme poder de decisión a los gobernadores, quienes ya no ocultan su control sobre los aparatos políticos. El neocaciquismo es una realidad en ascenso, dijo, por lo que la renovación institucional que se promueve debe tener alcance nacional.

Por su parte, el también investigador del IIJ de la UNAM Miguel Carbonell externó su preocupación sobre la propuesta de veto parcial de las leyes por parte del Presidente, cuando en un plazo de 20 días no exista una votación en el Congreso respecto de una ley vetada u observada, y advirtió que ello abre la posibilidad de legislar al margen del Congreso de la Unión leyes como la de Ingresos.

De aprobarse en sus términos la propuesta del Ejecutivo, el Presidente, a través de la afirmativa ficta y de la iniciativa preferente, puede validar leyes que no fueron discutidas ni votadas por los representantes populares. Bajo esta lógica, ¿qué legitimidad tendría una Ley Federal del Trabajo o una nueva Ley de Amparo promulgadas sin debate parlamentario?

Asimismo, el referendo en manos de un Presidente le permitiría someter a los poderes Legislativo y Judicial mediante la apelación directa al pueblo, lo que, de acuerdo con el jurista Daniel Barceló, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, permitiría al mandatario pasar reformas constitucionales sin la ratificación de las legislaturas locales.

A su vez, Lorenzo Córdova, del mismo instituto, advirtió que la iniciativa presidencial no constituye un planteamiento integral que revise de manera democrática el vínculo entre los dos poderes electivos del Estado, “vínculo que es complejo y que no puede simplificarse sin provocar grandes distorsiones… no tenemos que perder de vista que la gobernabilidad no puede traducirse en una merma de la calidad democrática del régimen político”.

En otra mesa, la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, dijo que en cualquier reforma que se presente o que se apruebe deben tomarse en cuenta los problemas que subsisten en las instancias de control constitucional: la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad, que es un control abstracto, y el TEPJF en el control concreto, ya que ambas varían en sus tiempos de aplicación, lo que imposibilita las resoluciones.

El ex presidente del Instituto Federal Electoral José Woldenberg señaló que el argumento de que el costo de las cámaras es muy alto contrasta con el hecho de que en relación con el Presupuesto de Egresos el costo del Poder Legislativo es mínimo. Consideró pertinente la relección de legisladores y abrir en cada elección la posibilidad del registro de partidos, en lugar de cada seis años.