Buenos Aires, 25 de enero. El vicepresidente del Banco Central de Argentina, Miguel Pesce, asumió este lunes la dirección formal de la institución, un día después que policías impidieron el acceso a su despacho al titular de la entidad, Martín Redrado, enfrentado al gobierno por el uso de reservas de la autoridad monetaria para afrontar pagos de deuda. Redrado, por su parte, amenazó con revelar los nombres de “los amigos del poder que compraron dólares.

Si hasta hoy me defendí, ahora paso al ataque. Tengo las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares, fue la advertencia de Redrado, pero dijo que por ahora no piensa revelar los nombres de los supuestos favorecidos.

Redrado se trabó en una dura disputa con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández por negarse a cumplir la orden de traspasar al Ministerio de Economía 6 mil 569 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar deudas, en momentos en que el país enfrenta severos problemas fiscales.

Tras la negativa, Redrado fue destituido por un decreto de Fernández, pero la justicia lo repuso en el cargo y bloqueó la apropiación de reservas por parte del gobierno.

Un tribunal de segunda instancia reafirmó esa decisión, al mantener el bloqueo y asegurar que para remover a Redrado de la presidencia del banco, como dispuso Fernández, era necesaria la intervención del Congreso.

Aun así, el domingo pasado la policía impidió a Redrado el ingreso a sus oficinas en la sede del Banco Central. Acompañado de sus abogados, Redrado denunció penalmente al jefe de gabinete de ministerios, Aníbal Fernández, por impedirle ejercer sus funciones. Pero Aníbal Fernández dijo este lunes que no tiene atribuciones y que fue Miguel Pesce el que ordenó a la fuerza pública que Redrado no accediera a su oficina.

Nueva derrota oficial

La justicia argentina frenó este lunes una resolución del gobierno que regulaba los precios del mayor proveedor local de papel periódico, informó una fuente judicial, en lo que constituye un nuevo golpe a la administración de la presidenta.

El gobierno de Cristina Fernández está abiertamente enfrentado con compañías editoras independientes, especialmente con el Grupo Clarín, uno de los conglomerados de medios más grandes de América Latina.

La víspera, el ex presidente Néstor Kirchner, esposo y asesor de la presidenta, declaró que existe una conspiración organizada por el conglomerado Clarín, el vicepresidente convertido en opositor, Julio Cobos, y la justicia, a la que se refirió como el Partido Judicial, para debilitar el gobierno de su esposa.