En la colonia La Joya, conocida como El Hoyo, delegación Iztapalapa, no sólo reina el narcotráfico, sino también la pobreza, señalaron personas que viven desde hace más de 25 años en este asentamiento irregular, ubicado en las faldas del cerro del Peñón Viejo, específicamente en la cavidad que quedó de la explotación de una mina de tezontle.

Se trata, de acuerdo con las cifras oficiales, de 585 viviendas –la mayoría construidas con materiales precarios, habitadas hasta por cuatro familias–, de las cuales sólo 15 por ciento cuenta con escrituras, ya que la decisión de la cuarta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de reclasificar el uso de suelo como área verde detuvo el proceso de regularización que se había iniciado.

La jefa delegacional en Iztapalapa, Clara Brugada Molina, realizó ayer un recorrido por El Hoyo, conocido por sus altos índices de inseguridad, relacionados sobre todo con el tráfico de estupefacientes y el robo de vehículos. La funcionaria afirmó que el propósito de la visita era terminar con el mito de que aquí no pueden entrar las autoridades.

Sin embargo, la jefa delegacional sólo caminó algunas calles donde inicia dicha zona, sin ir más adentro, además de que algunos vecinos refirieron que aun cuando “todo el mundo sabe que aquí se cocina la droga”, desde hace más de un año no se realiza ningún operativo. Incluso durante el evento delegacional no se observó a ningún elemento policiaco.

Muchas de las calles de El Hoyo son angostos andadores, donde a lo largo de los años, como han podido, los colonos han construido sus viviendas, con techos de lamina, sólo con ladrillos pegados con cemento unos sobre otros, algunas casas con pisos de tierra, cuyos habitantes cuentan apenas con lo necesario, pues hay quienes ni un colchón tienen.

La jefa delegacional en Iztapalapa realizó un recorrido por El Hoyo, sitio conocido por sus altos índices de inseguridadFoto José Carlo González

Los vecinos sufren las consecuencias de contar con servicios públicos deficientes, como drenaje y electricidad, lo cual acarrea inundaciones y apagones.

La falta de certidumbre jurídica ha provocado conflictos entre los habitantes de la zona, quienes se disputan la propiedad de varios inmuebles, como un jardín de niños que ha sido adaptado como comedor popular, al ofrecer desayunos y comidas a 10 pesos, con la animadversión de un grupo de vecinos, quienes demandan que ese servicio sea para toda la comunidad, y no para unos cuantos, como realmente sucede.

Ante esta situación, Brugada Molina expresó que su gobierno trabaja en la creación de un mecanismo de atención para esta zona, que incluye la instalación de mesas de trabajo para tratar, junto con la ALDF y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la regularización de la zona y que todos los colonos tengan acceso a los programas sociales.

En lo que se refiere al combate del delito, Brugada anunció que se pedirá el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y, si es necesario, el de las autoridades federales, para garantizar la seguridad de la zona.