Defensores de derechos humanos consideraron que la pronta respuesta que el gobierno federal dio a los informes de Human Rights Watch (HRW) y de Amnistía Internacional (AI) es producto de la presión y preocupación nacional y externa sobre el estado de esas garantías en México.

Alfonso Castillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Luis Arriaga, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, coincidieron en que si las autoridades no traducen los discursos en acciones concretas no habrá avance en la defensa de las garantías fundamentales en el país.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tiene claro el papel que juegan los derechos humanos a escala internacional. La respuesta inmediata a ambos análisis no representa que exista sensibilidad del gobierno federal en este tema, sino se trata de habilidad política para reaccionar a los informes y ser bien visto en el exterior, aseguró Castillo.

Indicó que la descalificación del gobierno de Felipe Calderón al informe en el que HRW aseguró que existe impunidad en las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército reflejó la posición oficial sobre el tema: una defensa a ultranza de las fuerzas armadas, más que un interés por las garantías fundamentales.

En torno a la respuesta al reporte de AI sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país, Castillo consideró que el gobierno no podía negar una serie de abusos documentados, pues hubiera sido políticamente incorrecto.

Arriaga sostuvo que ambos temas (la militarización y la impunidad de los efectivos castrenses, así como la situación de los activistas) son de preocupación para la comunidad internacional.

Criticó las respuestas a los reportes de HRW y AI que dio la administración federal, ya que muestran el doble discurso del Estado: esquizofrénico hacia el exterior y falta de interés sobre el tema en el interior. Indicó que ambas ONG expusieron la realidad actual del país.

Reiteró que es fundamental que los mexicanos inicien una discusión sobre los abusos de militares y el necesario control civil sobre el Ejército, pues de ello depende la erradicación de la impunidad.

Cortez consideró que, a diferencia del pasado, cuando las autoridades dejaban de lado los informes internacionales, las miradas del exterior obligan al gobierno a responder de inmediato y no guardar más silencio.

Dijo que la descalificación al reporte de HRW representó la obstinación de mantener una política que no evidencia éxito y que, está demostrado, tiene un importante peso en el deterioro de los derechos humanos. Mientras la respuesta a AI, aunque en principio parece afirmativa, debe transformarse en acciones concretas.

Alto a la arbitrariedad: PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) convocó a las fuerzas políticas y sociales a defender el estado de derecho y las libertades fundamentales. En relación con los recientes informes de HRW y AI, resaltó la importancia de poner alto a la arbitrariedad con la que se han conducido las dependencias públicas en esta materia.

Señaló que el gobierno federal se ha manejado con torpeza y falta de responsabilidad. La utilización arbitraria de las funciones de seguridad pública, así como de procuración de justicia, a las que se ha incorporado inconstitucionalmente al Ejército, han dado como resultado el crecimiento incontrolado de la violencia política, especialmente contra las organizaciones sociales independientes, así como la catástrofe del estado de derecho y del sistema de protección de los derechos humanos en México, indicó el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.