El mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, demandó congruencia al gobierno federal en la distribución del presupuesto en seguridad pública.

Como coordinador de la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), sostuvo que si 93 por ciento de los delitos son del fuero común –como afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Gerardo García Luna, el jueves pasado, al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión–, se debe dar el mismo porcentaje a las entidades para combatir la inseguridad.

En conferencia en la ciudad de México, señaló que mientras el gobierno federal se queda con 85 por ciento de los recursos nacionales para combatir 7 por ciento de los delitos que ocurren en el país, a los estados se les asigna sólo 15 por ciento para enfrentar la gran mayoría de esas acciones, lo que representa incongruencia y coloca a las entidades en una posición desfavorable.

Al referirse a la comparecencia de García Luna ante el Legislativo, Medina de la Cruz dijo: Me llamó la atención que el problema de la inseguridad se le atribuye a los estados, cuando precisamente el presupuesto que se les da a éstos es infinitamente menor al que se le otorga al gobierno federal.

Ésta no es la primera ocasión en que los gobernadores se pronuncian contra lo dicho por García Luna y contra algunos datos presentados por el gobierno federal en torno de la seguridad. En la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad, en noviembre de 2009, mandatarios de PRI, PRD y PAN criticaron una encuesta sobre la percepción ciudadana del delito presentada por la administración calderonista.

Pedimos congruencia; si en las entidades se dan las manifestaciones delictivas, esto tiene que ir acompañado de un presupuesto acorde a la responsabilidad que estamos enfrentando estados y municipios. (Recientemente) se hizo una inversión multimillonaria para hacer un búnker de información e inteligencia en la SSP federal, para atender 7 por ciento de los delitos del país.

El mandatario sostuvo que debe haber una revisión profunda para que las entidades tengan mayor acceso a los recursos etiquetados para seguridad pública, además de que las reglas de aplicación y los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean más ágiles y flexibles para que podamos acceder a ellos de manera mucho más rápida. A cambio, señaló, habría un compromiso de los gobernadores para que no haya un subejercicio.

El gobernador de Nuevo León en conferencia, en la ciudad de MéxicoFoto Roberto García Ortiz

Gustavo Castillo García

Por lo menos 60 por ciento de habitantes de las entidades donde se llevan a cabo operativos conjuntos considera que la incidencia delictiva pone en riesgo la estabilidad económica, social y política de México, y que en caso de contar con recursos suficientes cambiarían su residencia a otro país, refieren encuestas de percepción social aplicadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participan en el gabinete de seguridad nacional.

La encuesta más reciente se aplicó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre del año pasado, y, según las fuentes consultadas, más de 68 por ciento de los entrevistados refirió que de nada han servido los operativos desplegados, pues la violencia se ha incrementado en los últimos dos años.

Los acciones conjuntas contra el crimen organizado se pusieron en marcha en Michoacán, en diciembre de 2006, cuando el panista Felipe Calderón Hinojosa tomó posesión como presidente de la República.

Posteriormente las acciones de colaboración entre PGR, Sedena y la Policía Federal se extendieron a los estados donde se considera que ocurre el mayor número de delitos de alto impacto, como Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Quintana Roo y Veracruz.

En esas entidades, pero sobre todo en ciudades como Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y zonas como la Comarca Lagunera, los habitantes han sufrido los llamados daños colaterales del combate contra el crimen organizado, así como enfrentamientos entre grupos por el control de la distribución de droga. Por ello, las encuestas reflejan que la presencia de autoridades federales no ha sido suficiente, indicaron los funcionarios entrevistados.

Se informó que las encuestas constaron de 10 reactivos y que básicamente tienen que ver con la percepción que los ciudadanos tienen de las acciones gubernamentales; sin embargo, muchos de los interrogados siempre han demandado que las acciones de fuerza tengan que ir acompañadas de educación y mejores oportunidades de empleo, refirieron las fuentes.