La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al gobierno federal convertir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en una secretaría de Estado o, en su caso, fragmentar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para crear una secretaría de educación superior, ciencia y tecnología, pues durante el foxismo se generó un gobierno ineficaz y una mezcla de políticas distorsionadas con gran cantidad de programas del sector, frecuentemente mal financiados.

Como parte de las sugerencias para implementar una reforma en el sistema de ciencia y tecnología nacional, planteó también transformar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creado en 1984, al advertir que la productividad de los principales investigadores de México ha bajado, pese a que el número de integrantes del SNI se ha incrementado.

En el nuevo libro Estudios de la OCDE sobre políticas de innovación, el organismo advirtió que si el SNI permanece sin cambios, este sistema inusual (que absorbe un tercio del presupuesto del Conacyt) puede presentar riesgos a largo plazo.

Así, dentro de las principales modificaciones dicho sistema propuso que el apoyo económico que se les entrega a sus miembros –y que como es sabido en ocasiones representa más de 50 por ciento de su salario base– se convierta en parte del sueldo regular de los investigadores, una vez que se les ha confirmado en el mismo nivel del SNI durante cierto periodo.

Dicha reforma repercutiría en las pensiones de los científicos y, en consecuencia, impactaría en el proceso de recambio de la planta académica, la cual enfrenta el problema de envejecimiento.

Consideró que la calidad de los investigadores de este sistema “ha sido erosionada de manera gradual conforme el SNI se convierte en una fuente ‘estándar’ de remuneración académica”, pero también por la reducción en el financiamiento de la investigación al sector público.

La OCDE estableció que el programa de ciencia y tecnología del gobierno de Vicente Fox creó expectativas en gran medida insatisfechas y también derivó en fracasos. La baja inversión en el rubro, junto con la dispersión de responsabilidades presupuestarias y administrativas provocaron un gobierno ineficaz.

Por lo anterior, y con el objetivo de mejorar las estructuras de gobierno, planteó otorgar un estatus secretarial al Conacyt, que se encargaría del diseño de las políticas y contaría con el poder de coordinar el presupuesto del ramo.

Dicho consejo, según la OCDE, también podría convertirse en miembro completo del gabinete restringido del gobierno que trata asuntos económicos y de competividad.

En un corto plazo, la opción sería un consejo intersecretarial, encabezado por el presidente, que incluya secretarios con responsabilidad administrativa o presupuestaria de los programas.

El estudio reconoce lo que la comunidad académica advirtió, en su momento, en el sentido de que los incentivos fiscales otorgados a las empresas que invirtieran en investigación sólo favorecían a las trasnacionales.

El beneficio del plan se acumuló a las empresas grandes, y en 2006, alrededor de 80 por ciento de los incentivos se destinó a este tipo de compañías, a menudo filiales de multinacionales. Además, se benefició a proyectos sin importar su calidad y los criterios de selección distorsionaron el objetivo central, que era subir la inversión en el rubro.