El movimiento campesino llegará fracturado al centenario de la Revolución. Las divisiones internas y los alejamientos entre las agrupaciones, dicen algunos de sus dirigentes, son producto de la disputa por los recursos federales y los padrinazgos selectivos del gobierno. Las posibilidades de conciliación están lejanas.

La Confederación Nacional Campesina (CNC) consolida sus alianzas con los agroempresarios que participan en el Consejo Nacional Agropecuario en busca de mejoras fiscales, comerciales y de acceso al presupuesto, y trata de reconstruir su historia como la organización con mayor presencia en el campo. Se resiste a participar en el Congreso Agrario Permanente (CAP) –organismo que surgió luego del cambio al artículo 27 constitucional para ser el interlocutor con el gobierno– en tanto continúe como coordinador el dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, José Luis González Aguilera.

La CNC habla de fuerza, pero en realidad se impone por medio de los caciques estatales; no respeta a los campesinos. Su estrategia es fracturar a las organizaciones locales y estatales para ganar adeptos, aseveró González Aguilera.

Dispuesto a dejar la coordinación del CAP para no cargar con el estigma de ser el factor de desunión del movimiento campesino, González Aguilera mencionó: las organizaciones vamos por los recursos de los programas del gobierno como si fueran un botín. No ha habido mística de servicio para los campesinos.

Las posturas político electorales también influyen en esta división del movimiento campesino; nadie quiere reconocer sus errores ni realizar una autocrítica, dijo.

Este año, la Central Campesina Cardenista (CCC) sufrió su primera fractura interna desde su fundación en 1988. Cerca de 25 mil de sus integrantes, encabezados por Francisco Román Sánchez, ex candidato a la presidencia municipal de Tlaxcala por el Partido Nueva Alianza, abandonaron la organización con el argumento de que la dirigencia nacional los obligaba a militar en el PRD.

Max Correa Hernández, dirigente de la CCC, acusó al PAN y al gobierno de Felipe Calderón de promover la división interna de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales. Sostuvo que Román Sánchez, Renato Cruz Morales y Jorge González Rosales fueron cooptados por el gobierno panista de Tlaxcala.

Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, comentó que el gobierno panista introdujo elementos de división y distanciamiento entre las organizaciones campesinas por medio del acceso a los recursos federales. Hay una ausencia de reclamo e inmovilidad ante el temor de no ser incluidos en los beneficios de los programas federales. En 2010 se acentuará la crisis y eso llevará prácticamente a la parálisis; después vienen los procesos electorales de 2012 y los posicionamientos políticos.

Confió en que la celebración del centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia sirvan de espacio de reflexión para que el movimiento campesino busque nuevamente la unidad y coloque en la agenda nacional el tema del campo, con sus dimensiones sociales, políticas económicas y productivas. Esta estrategia de división beneficia la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, y Rafael Galindo Jaime, de la Central Campesina Independiente, se pronunciaron por iniciar cabildeos entre las múltiples organizaciones para volver a lograr una unidad como la que se alcanzó en 2003 que culminó con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo. Nuestras fracturas benefician los intereses de un sistema político que ha abandonado a los campesinos.

Altinaí Arias, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de la Cámara de Diputados, definió: las organizaciones campesinas son grupos de presión de carácter limitado; su influencia es local o regional y sus acciones se restringen a los procesos productivos y algunas acciones en el terreno político en el ámbito municipal.