al como sucedió con la banca que opera en el país, la creciente extranjerización del sector eléctrico, otrora mexicano (autorizada por el gobierno zedillista, promovida por el foxista y acelerada por el calderonista), ha generado un jugoso mercado paralelo de compraventa de permisos y concesiones para producir energía eléctrica de forma independiente, en el que las condiciones y precios se pactan entre trasnacionales, con la alegre complacencia (léase complicidad) de los organismos públicos supuestamente encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, que no es otra que la Constitución, aunque en realidad funcionen como oficialía de partes y se limiten a notificar sobre hechos consumados.

En este contexto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó ayer que el día de hoy la empresa Gas Natural (trasnacional española) firmó un acuerdo con las empresas Mitsui & Co. y Tokyo Gas (trasnacionales japonesas) para la venta de parte de sus activos de generación eléctrica en México, que incluye las centrales de generación de ciclo combinado Río Bravo II, Río Bravo III, Río Bravo IV, Altamira II y Saltillo, que son operadas en nuestro país bajo la modalidad de Productor Externo de Energía (PEE). Las centrales involucradas en la transacción tienen una capacidad conjunta de generación de 2 mil 233 megawatts y son las que anteriormente eran operadas por la empresa Electricitè de France (EDF, trasnacional francesa). Eso sí, reconoce la CFE, las trasnacionales involucradas en esta operación, que involucra mil 225 millones de dólares, tuvieron la cortesía de “avisar oportunamente a las autoridades mexicanas sobre sus negociaciones (…) para realizar esta transacción”.

En tan sólo dos años las centrales mencionadas de generación eléctrica cambiaron de manos francesas a españolas y de éstas a japonesas con una rapidez y sencillez digna del juego del monopolio. De todas maneras, la trasnacional Gas Natural –también distribuidora y comercializadora de este combustible, que se ha convertido en el terror de sus consumidores cautivos, incluidos los de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal– seguirá teniendo presencia en el sector eléctrico mexicano con las centrales de generación de ciclo combinado que opera como PEE en nuestro país, que son Hermosillo, Naco Nogales y Tuxpan III y IV, con una capacidad conjunta de generación de mil 570 MW, así como con la entrada en operación de 500 MW adicionales en 2010, puntualiza la CFE.

El negocio entre particulares (léase trasnacionales) no altera en lo más mínimo los contratos, convenios y conexos originalmente otorgados y firmados por el supuesto gobierno mexicano para que particulares le claven el diente al sector eléctrico otrora nacional, 40 por ciento del cual, a estas alturas, pertenece al capital privado, fundamentalmente extranjero, cedido mediante la entrega de alrededor de 700 permisos de generación (de Zedillo a Calderón).

La urgencia de vender no es debido a que el negocio mejicano sea malo. Por el contrario, cada día es más atractivo. El quid es que la trasnacional Gas Natural requiere liquidez para terminar de pagar la adquisición de otra trasnacional española, Unión Fenosa (95.22 por ciento de las acciones), a su vez propietaria de centrales generadoras de electricidad en México, lo que convierte en la operación de compraventa con Mitsui & Co. y Tokyo Gas en un doble ingreso, mientras la CFE se da tiempo para contar chistes: la transacción (española con japonesas) está pendiente de aprobación por las autoridades mexicanas.

A estas alturas, de los casi 700 permisos otorgados por el gobierno mexicano 24 son los más jugosos (sin que ello implique que los otros no lo sean) y se concentran en cuatro trasnacionales, de las cuales dos son españolas (Gas Natural, Unión Fenosa incluida, e Iberdrola). Así, alrededor de 40 por ciento de la generación eléctrica en el país está en manos privadas.

Así, en dos años otro negocio redondo sin beneficio para el país. El 25 de octubre de 2007 la trasnacional Gas Natural anunció su desembarco en el mercado mexicano de generación eléctrica: compró cinco plantas de ciclo combinado (con 2 mil 233 megavatios de capacidad instalada) y un gasoducto de la trasnacional francesa EDF y la japonesa Mitsubishi, con lo que, en automático, se convirtió en el segundo operador privado de generación eléctrica y el único con dos vertientes de negocio energético otrora mexicano: gas y electricidad. Por la adquisición de cinco plantas habría pagado alrededor de mil 450 millones de dólares; dos años después, por la venta de dos, obtendrá mil 225 millones de billetes verdes. México, paraíso de los negocios trasnacionales.

En octubre de 2007, el anuncio de la adquisición de cinco plantas generadoras por parte de Gas Natural se hizo no en México, sino en Barcelona. ¿Y la autoridad mexicana?, preguntábamos en este mismo espacio por aquellas fechas. Desmintiendo informaciones dadas a conocer por la prensa, como aquella publicada en La Jornada (14 de octubre, 2007), que precisaba: sin ningún cambio aparente en la ley o en la política energética, resulta asombroso el crecimiento de la propiedad privada en el sector eléctrico de México, al grado que durante el sexenio pasado (Fox) la generación privada se incrementó mil 600 por ciento, mientras la pública sólo creció 7 por ciento, advirtió el Observatorio de Multinacionales en América Latina. El organismo calificó de ejemplo paradigmático la política sobre la generación eléctrica adoptada por los últimos gobiernos mexicanos para beneficio de las trasnacionales españolas… Frente a la oposición que se generó en todo el mundo por las privatizaciones frontales e impunes, se optó por seguir una muy hábil táctica del sigilo, seguida por gobiernos que abren la puerta de atrás a las grandes corporaciones. Y como ya es costumbre, lo que el gobierno federal desmiente en público prácticamente en automático se confirma en privado, es decir, lo que algunos sutilmente llaman privatización silenciosa.

Las rebanadas del pastel

Además, Gas Natural acapara permisos (originalmente otorgados a empresarios mexicanos) para la distribución y comercialización de ese energético en Nuevo Laredo, Saltillo y Toluca (desde 1997); Monterrey (1998), más los municipios conurbados de San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, García, Pesquería y Juárez; Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao, en Guanajuato, y las ciudades de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí (1999), y las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal (2000). ¿Y los consumidores? Cautivos y felices con sus precios cada día más elevados.

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