Sábado 26 de diciembre de 2009, p. 21
Hermosillo, Son., 25 de diciembre. Por segunda vez en este mes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) giró una recomendación al procurador de justicia de la entidad, Abel Murrieta Gutiérrez, para solicitarle que inicie un proceso contra dos agentes acusados de torturar a un detenido para que confesara un homicidio.
Los agentes propinaron una golpiza a Jorge Alberto Ayala Santacruz, residente de Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, y la instancia defensora lo comprobó al desahogar el recurso interpuesto por la víctima con motivo de la investigación de que fue objeto por homicidio calificado en junio de 2008.
Sin duda, las lesiones le fueron infligidas por agentes de la Policía Estatal Investigadora cuando se encontraba en la base operativa de la corporación
, estableció el organismo con base en su propio dictamen médico; y pidió a Murrieta Gutiérrez iniciar un procedimiento administrativo y una averiguación previa por abuso de autoridad y lesiones contra los elementos que resulten responsables.
El pasado 11 de diciembre la CEDH ya recomendó al procurador iniciar un proceso judicial y administrativo contra los policías estatales Jesús Armando Willis y Vicente Sánchez Medina, adscritos al fronterizo municipio de Nogales, por los presuntos delitos de violación equiparada, lesiones, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal.
Según la defensoría humanitaria, ambos elementos golpearon a un detenido y le introdujeron un objeto punzocortante por el ano a fin de que se declarara responsable de homicidio, asociación delictuosa, lesiones y portación de armas de fuego.
El procurador de Justicia estatal, que ocupa el cargo desde el anterior gobierno priísta de Eduardo Bours Castelo, es uno de los funcionarios que más recomendaciones de la CEDH ha recibido. Este año ya se le dirigieron al menos tres, que incluyen las dos referidas; pero en 2008 fueron cinco, en 2007 hubo 11, en 2006 otras tres y en 2005 un total de cuatro.
Observadores consideran que la tortura es una práctica recurrente en las corporaciones policiacas de Sonora, y entre las primeras recomendaciones de la CEDH por ese motivo destaca la referente a Jesús María Flores Flores, a quien policías ministeriales apalearon, envolvieron la cabeza en bolsas plásticas y le provocaron diversos traumatismos para que reconociera un delito no cometido, en octubre de 2004.