La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció en contra de la ley recién aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten hijos, y demandó someter el tema a un amplio debate entre todos los sectores de la sociedad.

El secretario general de la CEM, Víctor René Rodríguez Gómez, señaló que se sumará a todas las iniciativas que  lleve a cabo la arquidiócesis que encabeza el cardenal Norberto Rivera en torno al tema, causa de controversia en la sociedad y en el seno familiar.

Sostuvo que al igual que Rivera Carrera, la CEM rechazó dicha ley por las implicaciones que conlleva contravenir la ley natural; desde la fe que profesamos la institución familiar es la responsable de procrear y propiciar que los niños tengan el referente de un padre y una madre para su educación y desarrollo como personas.

En un breve comunicado, apuntó que los obispos del país se unen a la petición que encabeza el arzobispado capitalino para que los legisladores y los gobiernos locales emitan leyes que garanticen la convivencia fraterna y respetuosa en beneficio de todos.

Con su rechazo, la CEM se suma a la condena emitida la víspera por las iglesias católica, cristiana evangélica y ortodoxa griega, que instaron al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a vetar la ley y someterla a plebiscito, porque consideran que atenta contra la institución familiar y vulnera los derechos de los niños.

Apuntaron que para sus doctrinas la unión entre personas del mismo sexo es pecado y por lo tanto atrae la condenación eterna. No hay tolerancia espiritual en ese sentido, precisaron.

Expresaron que la clase política debe aprender a consultar a la población, de lo contrario, en lugar de ser México un Estado democrático, sería uno totalitario, con esta clase de leyes.

Durante ese pronunciamiento de las iglesias, el Colegio de Abogados Católicos de México informó que de promulgarse la ley en el Distrito Federal emprenderá un cerco jurídico en el país para evitar que prosperen los matrimonios en el resto de las entidades federales, que comprendería –dijo– un proceso semejante al que han establecido 18 congresos locales en contra de la interrupción legal del embarazo.

Además de que recurrirían a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos para pedir una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, como también ocurrió con el tema del aborto en la capital.