a relevancia del asesinado, la espectacularidad del ataque de los marinos terrestres y la reveladora vejación billetera al máximo cadáver provocaron repelencia y preocupación sociales que, sin embargo, no siempre asocian plenamente el horror de lo sucedido en tierra morelense con los similares trazos siniestros de brutalidad e ilegalidades que por todo el país se realizan a partir de la intempestiva decisión felipista de arranque de sexenio de usar a las fuerzas armadas como instrumento de exterminio del enemigo y no a las policías civiles, cuya preparación y función no consiste, teóricamente, en la aniquilación, sino en la prevención y el sometimiento de todo acto delictivo a un proceso penal en forma. 

Puede argüirse, con razón, que esos cuerpos policiacos civiles han sido profunda e irreversiblemente penetrados por el dinero del narcotráfico, pero la recurrencia a las fuerzas armadas de ninguna manera garantiza limpios comportamientos, como ha sido demostrado con los casos de oficiales del Ejército involucrados en el negocio de las drogas y, ahora, con la decisión calderonista de atender los requerimientos de la DEA y del dominante gobierno estadunidense respecto a Beltrán Leyva mediante la Marina, apenas estrenada abiertamente en este mes en tareas policiacas, lo que revela desconfianza del señor de Los Pinos respecto de los miembros de la Defensa Nacional y, obviamente, de las policías federalizadas e incluso del favorito Genaro García Luna. 

Lo sucedido en Cuernavaca forma parte de un amplio expediente de violaciones a los derechos humanos y de salvajismo institucional que se vienen cometiendo cotidianamente a cuenta de la naturalmente infructuosa guerra contra el narcotráfico. Pareciera que en la capital del estado gobernado por el yunquista judicialmente perdonado, Marco Antonio Adame (el Señor de los huéspedes distinguidos), se pudo apreciar claramente la condición inexistente de lo que llaman estado de derecho, pero la realidad es que tales situaciones se repiten a lo largo de las zonas clave del narcotráfico, donde personas inocentes reciben agravios (a veces asesinadas, golpeadas, secuestradas) por parte de un poder militar (y ahora, marino) que desborda cualquier tipo de control y que en los hechos y de manera abierta ha instalado un virtual estado de sitio inconfeso, una declaración práctica de insubsistencia de lo constitucional, un sometimiento de los mexicanos a una ilegalidad permanente.   

Un sesgo colocado en el análisis del Beltranazo es el de la pertinencia de la difusión de las fotografías que muestran ultrajes póstumos. En el batidillo de opiniones que han generado tales imágenes se incluye la de invocar incluso reglas de urbanidad y cortesía sociales para alegar que no debieron haber sido publicadas las gráficas que solamente por su difusión masiva han podido ser valoradas en su específica bajeza particular y en la gravísima depreciación institucional que denotan. Es evidente (el propio debate público lo confirma, al igual que la amplia difusión mundial de tales excesos) que el crudo material fotográfico de la masacre de Cuernavaca es de absoluto interés público y de valía periodística completa. De entre los muchos comentarios leídos en estos días por esta firma tecleadora destaca el de alguien que se quejaba recordando que fotografías tan terribles sólo habrían tenido cabida en revistas sanguinolentas como la amarillistamente famosa Alarma. El gobierno de Calderón, mediante su insostenible guerra contra un negocio que perdurará mientras haya mercado para esas mercancías, ha convertido a México en una página que chorrea sangre y muestra diariamente decapitados, despedazados, torturados y masacrados. En realidad, la discusión no debe centrarse en el proceso químico o digital de captación de imágenes y de su posterior reproducción mecánica en serie, sino en el proceso institucional que es capaz de producir tales aberraciones múltiples que sin su difusión pública quedarían en los expedientes íntimos del poder desquiciado. 

En otra pista de la guerra política ha aparecido un frente defensor de lo laico que para su infortunio, o porque así hubiera sido diseñado, cargará con un sambenito electorero en su explícita tarea de confrontar las maniobras clericales de reposicionamiento y retoma de poderes. Compartible en términos generales la fraseología del caso, necesaria la construcción de un polo liberal que pelee políticamente contra los jefes católicos desbocados (sobre todo en la gestión de alianzas partidistas para desbarrancar pretensiones de expandir el abanico permisivo del aborto), ese frente laico aparece también como una edificación colateral de una candidatura ciudadana para el ex rector Juan Ramón de la Fuente, a quien algunos segmentos de clase media, e incluso del izquierdismo deslavado y oportunista del PRD-Chucho, ven como una alternativa presentable rumbo a 2012. Relacionado con el zedillismo, recordado para bien y para mal por el papel que jugó en la UNAM y naturalmente deseoso de nuevas oportunidades, dado que tiene edad y capital político, De la Fuente se irá encaminando cada vez más a un terreno que hasta ahora ha eludido con pretensiones de elegancia y asepsia: el de la definición política clara y los compromisos ideológicos, no solamente los tópicos generales y la superficialidad navegante. 

En el Fuente, perdón, en el frente laico se hicieron críticas a los escarceos amorosos del primer actor Enrique Arturo Peña Montiel y su pareja de telenovela oficial, conocida como La Gaviota. Pero el usuario estelar de los foros de rodaje El Vaticano ha asegurado que él no sabía que las filmaciones benedictas iban a ser difundidas, y por tanto se declara ajeno a la confección de ese material de propaganda electoral supuestamente santificado.    

Y mientras el calderonismo aprovecha la temporada para exhibir chivitos expiatorios de la desgracia de la guardería ABC, sin tocar los apellidos de élite, ¡hasta mañana, con el IFE anunciando para 2012 experimentos hildebrándicos con voto electrónico!

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