Panamá, 20 de diciembre. Familiares de los panameños caídos en la invasión de Estados Unidos a este país canalero exigieron hoy crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de guerra y arroje luz sobre los hechos sangrientos acaecidos hace dos décadas.

Los deudos de miles de abatidos tras el despliegue de 26 mil soldados la madrugada del 20 de diciembre de 1989, que reclaman desde hace años la reparación de daños humanos y materiales, sin ser escuchados por cuatro gobiernos locales, llevarán su demanda al actual presidente Ricardo Martinelli, quien asumió el poder el 1º de julio pasado y el 1º de diciembre inauguró la primera de 11 estaciones aeronavales contra el tráfico de drogas en el Pacífico y el Caribe, lo que el viernes interpretó Venezuela como una cobertura para operaciones militares estadunidenses.

La solicitud de los familiares de panameños que resistieron la ocupación extranjera –lanzada por Washington con el pretexto de capturar al entonces jefe de Estado de Panamá, Manuel Noriega y combatir el narcotráfico– fue planteada este domingo por Julio Yao, catedrático universitario y experto en derecho internacional, quien pronunció un discurso en el cementerio Jardín de Paz, donde están sepultadas víctimas de la invasión.

Recordó que la operación Causa Justa fue propuesta por el entonces jefe del estado mayor conjunto estadunidense, Colin Powell, al presidente George Bush (padre), para crear un saturado escenario de guerra en contra del general Manuel Noriega, en ese tiempo jefe de las fuerzas de defensa panameñas.

Indicó que Bush aceptó la propuesta de sobrematar (“overkill”) de Powell y consideró que ello le daría fortaleza ante los ciudadanos estadunidenses para borrar la imagen pública de un presidente cosmético y débil al frente de la Casa Blanca, que había fracasado en su política de aislamiento y boicot impuesta a Panamá.

Yao recordó que los generales estadunidenses William Crowe y Fred Woerner, quienes se opusieron a la invasión y negaron que el Canal de Panamá y la vida de sus conciudadanos estuviese en peligro aquí durante el gobierno de Noriega, fueron destituidos de sus cargos y sustituidos por sicópatas ansiosos de condecoraciones.

La invasión fue articulada con el objetivo de violar los tratados del Canal de Panamá –cuya entrega fue pactada por el presidente Jimmy Carter en 1977– y alterar el desmantelamiento de las bases que Estados Unidos mantenía en este país. Ello evitaría que Cuba y la Unión Soviética influyeran en la vía acuática, y que Japón participara en la expansión de la vía marítima, subrayó el analista.

Yao sostuvo que Noriega se negó a seguir colaborando con Estados Unidos en la guerra en Centroamérica, lo que precipitó la invasión en 1989 e impuso una mancha en el ejército estadunidense, que atacó sin declaración de guerra, de noche y con alevosía a un país cuya población no superaba entonces los tres millones de habitantes.

Trinidad Ayola, mayor de la policía nacional retirada, dijo que la invasión fue un acto contra la soberanía nacional, violatorio de los derechos humanos, que jamás debe ser olvidado por los pueblos latinoamericanos que ponderan la autodeterminación y la paz.

Ayola, quien en 1989 era subteniente, perdió a su esposo, Octavio Rodríguez, teniente que defendió con 15 hombres bajo su mando el aeropuerto civil de Paitilla y se negó a rendirse después de abatir a tiros a unidades Seal de las fuerzas armadas de Estados Unidos especializadas en operaciones de asalto y alto riesgo.

Rodríguez cubrió la retirada de sus subalternos y fue acribillado por la espalda al enfrentar a cientos de soldados invasores que lo conminaban a entregarse. Su viuda lo considera un héroe de guerra y sostiene que mientras haya fuerzas extranjeras en Panamá, existirá la amenaza de una nueva invasión a este país.

El secretario general de la Universidad de Panamá, Miguel Ángel Candanedo, aseveró que es necesario recuperar la memoria de un hecho doloroso que volcó sobre Panamá una fuerza de 26 mil uniformados, que para apoderarse del país utilizaron vehículos y armamento como la aeronave AC-130, el cazabombardero F-117 Stealth, helicópteros, buques artillados, tanques y misiles.

A lo largo de la marcha sobre la avenida central de la capital panameña, los participantes vestidos de negro, en señal de luto, exigieron una investigación sobre una acción bélica que violó el derecho internacional, la Convención de Ginebra, y varios tratados, incluso las constituciones de Panamá y de Estados Unidos. En el barrio El Chorrillo, donde estuvo el cuartel de las fuerzas de defensa hubo otra marcha.

Asimismo, demandaron justicia para los huérfanos, las mujeres ultrajadas y asesinadas, los torturados en campos de concentración, los ejecutados que desobedecieron órdenes militares de alto y los que fallecieron a causa de que los invasores impidieron el arribo a este país de un convoy con ayuda humanitaria, procedente de Costa Rica.

La cifra oficial de muertos fue de 427, pero familiares y organizaciones sociales aseguran que fueron cuatro mil. Medios de información locales han dado cuenta además de la destrucción de 14 mil viviendas y pérdidas materiales por mil 500 millones de dólares. Deudos y organizaciones sociales proponen la construcción de un museo y la declaración de esta fecha como día de luto nacional.

Dos décadas después de la invasión estadunidense, el debate político giró nuevamente a los temas de la cooperación militar con Estados Unidos, luego que Martinelli ordenó la construcción de las 11 estaciones aeronavales en mares panameños, que según el gobierno buscan neutralizar las acciones de organizaciones delictivas, que utilizan las áreas limítrofes con Colombia como corredor para el tráfico de drogas.

La primera de las 11 estaciones fue inaugurada hace 20 días en Isla Chapera, en el Pacífico, pero en los próximos dos años y medio –a la mitad de la presidencia de Martinelli– se abrirán las diez restantes, bajo el mando de los estamentos nacionales de seguridad, sin ninguna presencia o intervención extranjera, de acuerdo con la cancillería panameña, que respondió a declaraciones hechas el viernes pasado por el presidente venezolano Hugo Chávez, quien dijo que las instalaciones serán utilizadas por fuerzas estadunidenses.