Mientras Manuel Quistán Espericueta, juez federal con sede en San Luis Potosí, concedió ayer una suspensión definitiva en vía de amparo a la Minera San Xavier (MSX), lo cual le permitirá seguir operando por tiempo indefinido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que entablará un litigio en contra de esta resolución.

La minera podrá trabajar normalmente mientras el mismo juez resuelve el fondo de la demanda de garantías, con la cual la compañía alega que la orden provisional de clausura emitida por la Profepa violó seis artículos constitucionales en perjuicio de la parte demandante.

Patricio Patrón, titular de la Profepa, dijo en entrevista que evalúa el fallo del juez para definir la vía por la cual organismo se litigará el caso, pero admitió que con está resolución judicial la empresa opera sin autorización ambiental: Desde nuestro punto de vista, una empresa no debe funcionar sin permisos.

La empresa, que explota minerales en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, fue clausurada por la Profepa el 18 de noviembre, luego que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la autorización concedida a su manifestación de impacto ambiental, en respuesta a un fallo emitido en septiembre por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que ordenó a la dependencia retirar el permiso ambiental.

De acuerdo con el expediente 1246/2009, el juez concedió el viernes pasado una suspensión provisional a MSX, por lo que el martes por la noche se retiraron los sellos de clausura colocados el 18 de noviembre.

Ayer el juez ratificó que en virtud de que el fallo del TFJFA –que ordenó a la Semarnat retirar a la minera el permiso de impacto ambiental– aún es susceptible de modificación por la vía de amparo (juicio que está en trámite), lo procedente es conceder la suspensión definitiva para que se levante el estado de clausura impuesto y se permita la operación industrial de la quejosa.

El razonamiento de este juez para confirmar la protección jurídica a MSX fue diametralmente opuesto al de la también juez federal Guillermina Coutiño Mata, quien negó el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas en su litigio contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Al negar el amparo a más de 30 mil electricistas, Coutiño antepuso los intereses de la nación a los derechos laborales de los trabajadores; en cambio, Quistán dijo que no conceder la suspensión definitiva a MSX hubiera interrumpido el debido funcionamiento de una empresa productiva, lo que se traduciría en la pérdida de miles de empleos.

Patrón Laviada sostuvo que se evaluará la actuación del delegado en el estado, Alfredo Sánchez. Vamos a revisar este caso en particular, dijo; sin embargo, el funcionario rechazó que la actuación de la Profepa esté en entredicho por las acusaciones de que facilitó a la minera ampararse. Aún no puedo decir si hubo un error. Debemos analizar el caso, añadió.